Presupuesto sin visión

La discusión y aprobación del Presupuesto General del Estado para 2027 vuelve a evidenciar la ausencia de una visión de país que coloque las necesidades de la población en el centro de las decisiones públicas, cuando hablamos de más de 35 mil millones de dólares. Mientras el Gobierno plantea ajustes para cumplir las metas fiscales, no hay claridad sobre las prioridades del gasto y la distribución de los recursos. Además, pese a las recomendaciones de ajustes de la Asamblea, resulta inexplicable que los diputados pidan $23 millones adicionales, en un contexto marcado por las necesidades sociales y las urgencias nacionales. Es una decisión difícil de justificar ante la opacidad que rodea el manejo de las planillas y los fondos del Legislativo, así como ante la ausencia de acciones contundentes de la Contraloría frente a las denuncias sobre posibles irregularidades en la gestión del personal. El país atraviesa, además, un momento crítico. El sismo que golpeó con fuerza la península de Azuero obliga a considerar recursos para atender las consecuencias y respaldar a las comunidades afectadas. En lugar de recortar programas sociales, como ha propuesto el Gobierno, corresponde proteger a la población, fortalecer la salud y la educación y responder a las emergencias con sentido de responsabilidad. Hacer recaer el costo del ajuste fiscal sobre quienes dependen de los servicios públicos revela una visión limitada, incapaz de conciliar la disciplina presupuestaria con la justicia social. Las metas fiscales no pueden convertirse en una excusa para postergar derechos y necesidades fundamentales. Mientras diputados y Gobierno permanezcan desconectados de la realidad cotidiana de la ciudadanía, el descontento crecerá. La paz social no se sostiene con discursos: requiere decisiones justas, transparencia y prioridades claras. Ignorar esta realidad solo profundizará las tensiones que dicen querer evitar.