En una elección de aplanadora, con votos de partidos e independientes, Jaime Barroso fue electo como nuevo magistrado del Tribunal Electoral. El abogado, exalcalde de Arraiján y antiguo miembro del Partido Panameñista, asume el cargo con una aura que lo señala como el “ungido” del poder político, aunque él lo haya rechazado públicamente. Esa percepción, sin embargo, deja una sombra que solo podrá disiparse con sus actos, mediante verdadera independencia, transparencia y apego estricto a la ley. El país se encamina hacia un proceso electoral complejo en 2029, donde la credibilidad del sistema será puesta a prueba. El Tribunal Electoral tiene la obligación de garantizar reglas claras, competencia justa y respeto absoluto a la voluntad ciudadana. No hay espacio para ambigüedades ni presiones externas. El nuevo magistrado debe recordar que su lealtad no es con gobiernos, partidos ni grupos empresariales, sino con la democracia misma. Su función exige carácter para resistir influencias, incluso cuando provengan de los centros de poder que facilitaron su elección. La historia reciente demuestra que la confianza electoral no solo es un asunto de cargos: se construye con decisiones firmes, imparciales y valientes. El rol del magistrado electo no debe someterse a vaivenes poder. Barroso puede demostrar que el señalamiento de “ungido” es pasajero con independencia, fallos justos y respeto democrático. En contexto de avance autoritarismo y descontento con un modelo económico que no satisface necesidades básicas, Panamá requiere guardianes de la democracia, no árbitros complacientes

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