El 11-S y el precio de la seguridad

No hace falta exagerar el 11-S para medir su alcance. Veinticinco años después, basta mirar el mundo que dejó. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 asesinaron a 2,977 personas y convirtieron la seguridad en una prioridad capaz de reordenar leyes, fronteras, aeropuertos, servicios de inteligencia y guerras. La respuesta fue inmediata y, en muchos casos, duradera. Estados Unidos aprobó nuevas herramientas de vigilancia e investigación, amplió la cooperación entre agencias y levantó una arquitectura antiterrorista que después se extendió mucho más allá de su territorio. El problema apareció cuando proteger comenzó a significar también vigilar más, detener con menos garantías o aceptar poderes excepcionales como parte de la normalidad. Panamá entendió aquel peligro desde el primer día. El 11 de septiembre de 2001, mientras todavía ardían Nueva York y Washington, la Autoridad del Canal reforzó sus mecanismos internos de seguridad y coordinó acciones con el Gobierno panameño, sin interrumpir el tránsito. No era un gesto protocolario. El Canal, ruta estratégica del comercio mundial, también había entrado en una nueva era. Ese es quizá el legado que conviene revisar hoy. La seguridad es una obligación del Estado, pero no una patente para vaciar de contenido los derechos que pretende proteger. El miedo puede justificar medidas urgentes; no debería convertirse en sistema de gobierno. A 25 años del 11-S, Panamá también tiene razones para recordar aquella fecha: porque protege una vía interoceánica esencial y porque sabe que la seguridad, cuando pierde límites, termina cobrando un precio demasiado alto.