Inconsistencia en seguridad

Pese a las enormes diferencias que existen en Panamá, en algo sí parece haber un consenso claro: la necesidad de contar con un país seguro. Un ideal del que aún estamos muy lejos, en momentos en que se registran incrementos de la criminalidad de todo tipo y crece la sensación de desprotección. El gobierno ha planteado una propuesta de seguridad con un enfoque represivo del delito, pero sin política social; una vieja fórmula que antes no ha dado resultado, sobre todo frente a un problema estructural. Ese elemento de desconexión del Ejecutivo con la realidad del panameño se refleja, de alguna manera, en la propuesta de presupuesto del Estado para 2026. Se contemplan recortes a la atención vital de salud y educación y, más recientemente, ajustes a los brazos auxiliares de la justicia, como el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ambas entidades trabajan con las uñas desde hace décadas. Es un contrasentido hablar de gastos millonarios en aviones militares y armas, cuando las instituciones encargadas de investigar casos graves de delincuencia organizada no cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo. Hay que ser más coherentes si realmente queremos afirmar que combatimos las pandillas. Ningún país ha solucionado sus problemas de seguridad sin fortalecer su sistema de justicia y profundizar sus políticas sociales. Los recortes del MEF no deben afectar la institucionalidad, sino acabar con los privilegios que tanto le cuestan a la población.