Menos fuero

La decisión de la Comisión de las Reformas Electorales de limitar el alcance del fuero penal electoral marca un paso en la dirección correcta para fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema democrático panameño. La medida, que reduce el privilegio a solo los presidentes y secretarios generales de los partidos, corrige un exceso del Código Electoral actual, donde casi treinta directivos podían escudarse bajo esta figura. El fuero electoral nació como un mecanismo de protección, no como un escudo para la impunidad. Sin embargo, en la práctica se ha convertido en una herramienta utilizada por dirigentes políticos para evadir investigaciones judiciales. El mal uso de este privilegio ha debilitado la credibilidad de las instituciones, alimentando la percepción de que la política es un terreno donde los poderosos juegan con reglas distintas a las del ciudadano común. El rechazo de la mayoría de los partidos a la reforma, con la excepción de MOCA, evidencia la resistencia de la clase política a perder prerrogativas que consideran parte de su “capital de poder”. Pero el interés general debe prevalecer sobre los intereses del partido. Mantener un fuero tan amplio solo perpetúa la desconfianza ciudadana en los procesos electorales y en la justicia. Ahora será la Asamblea Nacional la que decida si consolida esta reforma o si, bajo presiones políticas, la diluye. Ese momento será una prueba crucial: ¿están los diputados dispuestos a actuar como guardianes de la democracia o seguirán defendiendo privilegios corporativos? El país necesita reglas claras, firmes y justas para las elecciones de 2029. Reducir el fuero no debilita a los partidos, los fortalece, porque los acerca a la rendición de cuentas que exige la ciudadanía. Más democracia significa menos blindajes.