La corrupción no se normaliza

En apenas nueve meses de 2025, las Fiscalías Anticorrupción del Ministerio Público han documentado una lesión patrimonial al Estado panameño que supera los 73 millones de dólares. No se trata de episodios aislados, sino de un entramado sistemático de corrupción que atraviesa programas sociales, instituciones educativas, entidades tributarias y proyectos de salud. Cada dólar robado es una oportunidad menos para un estudiante que necesita una beca, para una familia que espera agua potable, para una comunidad que demanda un centro de salud. Las investigaciones han destapado un patrón vergonzoso: funcionarios y particulares que convierten el dinero del pueblo en botín personal, amparados en redes sofisticadas de peculado, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. Lo ocurrido en las juntas comunales con la Operación Comunidad, en el IFARHU con la Operación Retorno, en la DGI con la Operación Publicano, o en el MOP y la CSS con otros casos, revela lo mismo: la corrupción se ha enquistado en el aparato estatal, alimentada por la impunidad y la debilidad institucional. La magnitud del problema exige más que voluntad: se requieren recursos suficientes para las fiscalías, respaldo político real y un marco legal actualizado que permita combatir con eficacia la corrupción en todas sus formas. El procurador general ha puesto sobre la mesa dos anteproyectos de ley esenciales para reforzar esta lucha; corresponde a la Asamblea Nacional asumir su responsabilidad y aprobar de inmediato estas iniciativas. Postergarlas o engavetarlas equivale a ser cómplices del saqueo. Panamá está en un punto de quiebre. Si seguimos normalizando la corrupción como un mal inevitable, la confianza en las instituciones quedará destruida y el costo lo pagarán, como siempre, los más vulnerables..