La corrupción: un mal que no prescribe

Un reciente caso que involucra a un exdiputado, bajo investigación por una serie de transacciones sospechosas y contratos millonarios aprobados durante su paso por una institución, es una muestra más de la red de corrupción que ha contaminado la gestión pública en Panamá. Los informes revelan patrones reiterados de movimientos irregulares de capital, uso de sociedades para ocultar el origen de fondos y contrataciones públicas que alcanzaron cientos de millones de dólares. No se trata de anomalías menores ni de errores administrativos: hablamos de un esquema que, de comprobarse, responde a prácticas sistemáticas de desvío de recursos. Este no es un episodio aislado, ni exclusivo de una administración. El país ha sido testigo de cómo, gobierno tras gobierno, los escándalos de corrupción se multiplican sin que los responsables enfrenten la justicia en su justa medida. La ciudadanía está cansada de ver cómo los nombres cambian, pero las prácticas se repiten. Por eso, el Ministerio Público no puede limitarse a mirar solo la gestión pasada. La obligación institucional es investigar con el mismo rigor las irregularidades cometidas durante los gobiernos de Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo. Solo así se romperá el ciclo perverso de impunidad que tanto daño ha causado a la confianza en la democracia panameña. La lucha contra este mal requiere voluntad política y sanciones ejemplares. Panamá no puede resignarse a que los casos se acumulen en los titulares, mientras la impunidad sigue siendo la norma.