La crítica no puede ser delito

La propuesta de ley que avanza en la Comisión de Gobierno para sancionar con hasta seis años de prisión por “delitos contra el honor” cuando el supuesto afectado sea un funcionario público abre una ventana peligrosa para quienes, con su labor desde el periodismo, ejercen el escrutinio público. La propuesta, impulsada durante la discusión de una iniciativa sobre inteligencia artificial, demanda un análisis profundo, más allá del impacto de las redes sociales. En un Estado de Derecho, las personas deben tener mecanismos para defenderse de acusaciones deliberadamente falsas con las nuevas tecnologías, pero esto no puede ser la justificación para penalizar la crítica al poder. Los funcionarios públicos no ocupan una posición equivalente a la de un ciudadano común. Quien ejerce un cargo público administra recursos, toma decisiones que afectan a la sociedad y está, por naturaleza, sometido al escrutinio ciudadano. La crítica, incluso cuando resulta incómoda, dura y a veces podemos discrepar de ella, forma parte esencial de una democracia. La discusión sobre inteligencia artificial debe abordar los riesgos reales de los contenidos manipulados, pero no puede utilizarse como vehículo para recuperar castigos penales contra quienes cuestionen a los servidores públicos. Panamá no necesita funcionarios blindados ante la crítica. Necesita instituciones capaces de responderla con transparencia, argumentos y rendición de cuentas. Convertir la honra de un funcionario en una causa penal puede terminar convirtiendo también el miedo en una herramienta de las tentaciones autoritarias que avanzan en América Latina y Panamá. No es algo que la ya maltrecha democracia panameña se pueda permitir.