El terremoto del 9 de octubre agravó en Azuero los problemas estructurales de la crisis educativa que Panamá arrastra desde hace años. No basta con reparar y reconstruir escuelas: hay que garantizar que esos miles de niños puedan seguir aprendiendo, aun cuando las estructuras todavía no estén terminadas. Las cifras de UNICEF son una señal de alarma: 619 centros educativos registraban afectaciones y 14,820 niños, niñas y adolescentes estaban entre las personas con necesidades humanitarias. La emergencia también amenaza su bienestar emocional y la continuidad de sus estudios. Si bien el Meduca ha anunciado alternativas y evalúa modalidades por módulos, clases virtuales y esquemas semipresenciales, ¿qué garantías tienen los estudiantes de recibir una formación adecuada? La experiencia de la pandemia dejó lecciones que no pueden ignorarse: Panamá acumuló 81 semanas de escolaridad irregular; además, en 2023, el 30 % de los hogares carecía de internet y el 60 % no tenía computadora o tableta. La educación a distancia, por tanto, no es una solución equitativa para todos. A estas dificultades se suman las deficiencias estructurales del sistema, los problemas de contratación docente, la falta de actualización curricular y las interrupciones de clases de los últimos años por huelgas. El terremoto agravó un panorama que ya comprometía el aprendizaje. A más de la mitad del mandato del presidente José Raúl Mulino, el país necesita una estrategia educativa integral, con recursos, plazos y responsabilidades claras. Son inaceptables las promesas vacías y las respuestas improvisadas. Hay que garantizar escuelas seguras, alternativas accesibles y acompañamiento docente. La educación de los niños de Azuero y las demás zonas afectadas no puede quedar en pausa, como tampoco la del resto del país. Los niños deben estar primero.