La detención de la representante del corregimiento de Tocumen por parte de la Policía Nacional, tras ser golpeada y esposada por acompañar una protesta de la comunidad por falta de agua potable, no es el tipo de señal que la ciudadanía quiere recibir de las autoridades. Ya es problemático el hecho de que una autoridad elegida sea detenida por la fuerza pública sin una orden judicial, más en un contexto de reclamos legítimos de una población cansada de que sus derechos y necesidades no sean garantizados por quienes gobiernan. Ni la criminalización de la protesta ni el uso de la fuerza son alternativas para atender el descontento ciudadano. Ciertamente, la fuerza pública está facultada para mantener el orden y el libre tránsito, pero eso no es una patente de corso para abusar y atropellar derechos. Las imposiciones solo crispan los ánimos en la sociedad, alejan la inversión privada y hace más difícil a quienes gobiernan dirigir un país que cada día cree menos en sus instituciones y profundiza sus desigualdades estructurales. Panamá necesita firmeza en las decisiones, pero eso no puede confundirse con autoritarismo.

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