En Panamá, la revocatoria de mandato es - en esencia- un legítimo recurso democrático y participativo. Un medio que empodera a la ciudadanía y le otorga una manera formal de expresar su descontento hacia quienes llevan las riendas del país. No obstante, como toda herramienta vinculante, requiere un uso responsable y madurez democrática; de lo contrario, se convierte en una mueca en sí misma. En los últimos días, el Tribunal Electoral ha recibido múltiples solicitudes de revocatoria, sumando ya diez procesos desde las elecciones de 2024. El más reciente: una solicitud contra el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi. Sin entrar en valoraciones personales sobre algún caso en particular, vale la pena detenerse a cuestionar: ¿estamos haciendo un uso responsable de esta figura democrática? Cuando la revocatoria de mandato se emplea como instrumento de venganza personal, activismo o en búsqueda de protagonismo, pierde su carácter legítimo y noble. Se prostituye la figura. Se vacía de contenido. Se transforma en ruido. Las instituciones deben filtrar con seriedad estas solicitudes y utilizar el recurso solo cuando las condiciones lo ameriten: cuando haya evidencias claras de una falta grave, falta de transparencia o cuando el mandato haya sido traicionado, entre otras cosas. La revocatoria de mandato fortalece la democracia, pero impulsarla por intereses ocultos solo debilitará la ya endeble institucionalidad.

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