Ojo al transporte

El sistema de transporte en Panamá arrastra una terrible crisis que ha sido postergada durante décadas por decisiones políticas cortoplacistas y arreglos de poder que han capturado el servicio público en beneficio de un puñado de intereses. Las prestatarias tradicionales operan bajo esquemas rígidos, con prácticas opacas y, en muchos casos, con dinámicas consideradas clientelares y corruptas. Este modelo desfasado ha perdido competitividad frente a las plataformas digitales, que han introducido mayor eficiencia, facilidad de uso y una percepción de mayor seguridad para el usuario. Sin embargo, ambos esquemas tienen un punto en común: la ausencia de una regulación clara y bien aplicada. En las prestatarias existen normas, pero las autoridades no las hacen cumplir; en el caso de las plataformas, hay graves vacíos legales como la falta de definición del régimen tributario, opacidad en la fijación de tarifas y la ausencia de garantías laborales para conductores y repartidores; y sin regulación para los usuarios. Los recientes conflictos laborales en estos servicios son expresión del fracaso de los gobiernos en los últimos 50 años para establecer un sistema de transporte eficiente. El país no puede seguir oscilando entre un sistema capturado por intereses politiqueros y otro que opera sin reglas claras a merced de las transnacionales. La reciente decisión del Ejecutivo de derogar el Decreto 10 es un paso correcto, pero insuficiente si no se traduce en una reforma integral. Panamá necesita una política de transporte seria y de largo plazo, que rompa con la injerencia política de diputados, empresarios y “roscas” transportistas. La reforma debe garantizar competencia justa, seguridad jurídica, protección social para los trabajadores y seguridad para los usuarios. Sin ello, el sistema seguirá atrapado entre la ineficiencia del pasado y la informalidad del presente.