Reforma ante la violencia de género

La propuesta de reformar la Ley 82 de 2013 sobre medidas contra la violencia hacia las mujeres no debe ser un simple ejercicio técnico, especialmente en un país donde la violencia de género es un problema que cobra vidas y el Estado ha sido incapaz de atender con la firmeza que corresponde. Su revisión debe corregir ambigüedades legales y unificar criterios en torno al femicidio, ya que la dispersión normativa ha dificultado su aplicación efectiva en los tribunales. Este esfuerzo es necesario, pero insuficiente si no se traduce en políticas públicas integrales. Las cifras reflejan una realidad preocupante: más de 10 mil mujeres denuncian violencia cada año, mientras muchas otras enfrentan el abuso sin apoyo institucional. A pesar de los avances legales, la brecha entre la norma y su implementación sigue siendo profunda. No basta con tipificar el delito; es necesario garantizar protección, atención oportuna y acceso real a la justicia. Fortalecer las políticas públicas implica también blindar las instituciones encargadas de atender esta problemática. Debilitar o reducir entidades especializadas enviaría un mensaje equivocado en un contexto donde la violencia persiste y evoluciona. Asimismo, es clave incorporar nuevas formas de violencia, como la digital y la psicológica, y mejorar la capacidad del sistema judicial para investigar y sancionar con perspectiva de género.