Panamá ha decidido no mirar hacia otro lado frente a la crisis venezolana. Su posición es clara: respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y rechazo a cualquier intento de legitimar el autoritarismo. No es una postura circunstancial ni ideológica, sino el cumplimiento de un deber democrático. Reconocer a Edmundo González como presidente electo y desconocer a quienes representan la continuidad del aparato represivo es coherente con los principios que sostienen el derecho internacional. Las elecciones libres son la única fuente legítima de poder. Ignorarlas equivale a normalizar el fraude y debilitar la democracia regional. Llevar esta posición a la ONU y a la OEA reafirma el compromiso panameño con un multilateralismo activo, orientado a la defensa de valores y no al silencio. Panamá no puede actuar sola: es necesario sumar a más naciones democráticas dispuestas a defender el voto como mandato soberano y a exigir una transición auténticamente democrática. Venezuela no es una crisis distante. Millones de desplazados, presos políticos y el colapso institucional muestran un deterioro que ya impacta a la región. Panamá lo constata también en lo concreto, con un ciudadano panameño detenido arbitrariamente, sin debido proceso ni garantías. La historia panameña lo confirma: no hay paz sin legitimidad ni estabilidad sin democracia. Defender el voto hoy no es una opción política, es una responsabilidad regional.

Lo Nuevo