La renovación de la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia llega en un momento decisivo. La elección de María Cristina Chen Stanziola como presidenta del máximo tribunal abre una nueva etapa en un Órgano Judicial que enfrenta un reto ineludible: recuperar la confianza ciudadana y demostrar que la justicia puede ser oportuna y justa. El 2026 arranca con una agenda cargada de casos que han marcado la vida pública del país. Odebrecht, las demandas contra Panama Ports Company, los reclamos de las víctimas del dietilenglicol y el debate minero no son simples expedientes; son años de espera acumulada. Cuando la justicia se demora, la percepción de impunidad se profundiza y el daño institucional se multiplica. A este desgaste se suman decisiones que golpearon la imagen de la Corte. Las llamadas “jubilaciones especiales” para magistrados y jueces, anuladas definitivamente en agosto de 2025 tras un fuerte rechazo ciudadano, dejaron una huella difícil de borrar. Lo mismo ocurrió con los aumentos salariales aprobados en un contexto de malestar social y demandas de mayor equidad. Estos episodios alimentaron la sensación de desconexión entre la justicia y la realidad del país. El señalamiento del Ejecutivo también pesa. El presidente José Raúl Mulino ha cuestionado la “extrema flexibilidad” de la Corte y su impacto en la lucha contra el delito. Más allá del cruce político, el mensaje conecta con una percepción ampliamente compartida: la justicia no está avanzando al ritmo que Panamá necesita. La nueva presidencia tiene una responsabilidad clara. No se trata de ceder a presiones, sino de hacer que los procesos avancen, que las decisiones lleguen a tiempo y que se expliquen con transparencia. Panamá no necesita promesas. Necesita una Corte que funcione y responda. El momento es ahora.

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