La decisión de la ACP de recuperar salarios pagados bajo una convención colectiva anulada genera tensión laboral con capitanes y oficiales de cubierta,...
El estruendo de los bombardeos estadounidenses sobre Caracas no quedó confinado a Venezuela. Su impacto político y simbólico se extendió de inmediato por toda la región. El mundo observa con preocupación una escena extrema, pero no puede perder de vista una verdad esencial: el régimen venezolano actuó durante años con impunidad, clausurando la vía democrática y desconociendo de forma deliberada el mandato popular. Estados Unidos bombardeó Caracas y anunció la captura de Nicolás Maduro. El 28 de julio de 2024, los venezolanos votaron. Las actas —resguardadas en Panamá— otorgaron un triunfo claro a Edmundo González Urrutia. Ese resultado fue desconocido por el régimen, anulando la soberanía del voto y empujando al país hacia un escenario de mayor autoritarismo y represión. No queda claro ahora que la salida de Maduro implique un cambio real de régimen. La cúpula mantiene el control territorial y de la Fuerza Armada. En ese contexto, sería una completa irresponsabilidad que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, pretenda encabezar el poder en Venezuela. No puede hablarse de transición democrática si esta es administrada por quienes sostuvieron y ejecutaron el quiebre institucional. La región no necesita un relevo cosmético ni una transición impuesta. Necesita que se respeten las elecciones. Por ello, es indispensable que un grupo de países democráticos de la región y de la comunidad internacional se pronuncien de manera coordinada, sosteniendo sin ambigüedades el reconocimiento del resultado del 28 de julio como la única fuente legítima de poder en Venezuela. La transición que el país reclama no nace de las bombas ni de tutelajes externos. Debe construirse sobre la voluntad de cada venezolano expresada en las urnas. Ignorar esa verdad sería prolongar el conflicto y profundizar una crisis que ya desborda fronteras.