La mina y la deuda con la transparencia

Panamá escuchó con atención el discurso presidencial ante la Asamblea Nacional. Fue un repaso amplio: logros, planes, prioridades. Pero entre todos los temas, uno concentraba la expectativa del país: la mina. No por morbo ni insistencia, sino porque sigue siendo una herida abierta desde la crisis social de 2023 y porque, para muchos panameños, está inevitablemente ligada a la mejora de la economía o al daño ambiental. El presidente optó por la prudencia. Habló de auditorías, de protocolos técnicos, de exportaciones controladas y de inversiones sociales. Fue un mensaje ordenado, cuidadoso. Sin embargo, para un tema que marcó protestas, paralizó al país y fracturó la confianza ciudadana, el enfoque resultó insuficiente. Tal como lo dijo el presidente, la minería no es un interruptor que se apaga y se enciende sin consecuencias. Donoso lo demostró con crudeza. Allí quedaron al descubierto los costos de la opacidad y de un Estado incapaz de comunicar con claridad. Por eso, hoy no basta con rigor técnico: se necesita transparencia y una narrativa honesta que reconozca el pasado. Es cierto que la minería representa una oportunidad económica real. En un país que necesita empleo, crecimiento y sostenibilidad fiscal —incluso para garantizar el futuro del sistema de pensiones— ese debate no puede eludirse. Pero también es una actividad de alto riesgo ambiental, social y ético. Cuando los beneficios no son claros ni equitativos, el conflicto es inevitable. La administración actual enfrenta una responsabilidad histórica: recuperar la confianza implica abrir el debate, convocar a todos los actores y garantizar que cualquier decisión se tome de cara al país. Panamá no necesita imposiciones ni silencios. Necesita empleo, sí, pero también reglas claras. Porque la mina no es solo un proyecto económico: es una prueba de Estado.