Panamá cerraría 2025 con exportaciones récord y proyecta crecer hasta $1,500 millones en 2026, según el ministro, Julio Moltó. Banano, servicios modernos...
Panamá llega a 2026 con una agenda cargada y una sociedad exhausta. El desafío no radica solo en decidir, sino en cómo se toman esas decisiones. El debate sobre la reapertura de la mina es el ejemplo más evidente: ignorarlo no hará que desaparezca, pero imponerlo sin consensos volvería a abrir una herida que aún no cicatriza. El reto está en construir una salida técnica, legal y ambientalmente creíble, capaz de evitar un nuevo estallido social. Sin reglas claras ni confianza pública, cualquier determinación será percibida como autoritaria. Esa desconfianza se profundizó tras las protestas contra la Ley 462. Más allá del contenido de la norma, quedó expuesta una fractura social que sigue abierta: amplios sectores de la ciudadanía sienten que no fueron escuchados. Sanar esa ruptura exige algo más que resistencia política; demanda diálogo real, rendición de cuentas y la disposición a corregir cuando sea necesario. A este panorama se suma el proyecto de río Indio, otro tema postergado que no admite atajos. La seguridad hídrica, el acceso al agua y los derechos de las comunidades no pueden resolverse con anuncios unilaterales ni decisiones de escritorio. Panamá necesita planificación de largo plazo y acuerdos sostenibles, no soluciones improvisadas. En paralelo, el país enfrenta un entorno internacional cada vez más complejo, marcado por las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. En ese contexto, Panamá requiere una diplomacia activa y estratégica: firme en la defensa de sus intereses nacionales, sin sumisiones, pero lo suficientemente inteligente para no quedar atrapada en las contradicciones de las grandes potencias. Todo converge en un punto crítico: el empleo y la confianza institucional. Sin trabajos dignos ni instituciones creíbles, no hay estabilidad posible. La buena noticia es que aún existe margen de acción. Con transparencia, reglas claras y un liderazgo dispuesto a escuchar, Panamá puede convertir 2026 no en otro año de crisis, sino en el inicio de una reconstrucción imprescindible.