Corregimientos reciben 1,9 millones de dólares para ‘asistencia educativa’

Desde 2024, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) aprobó transferencias por 1,9 millones de dólares a corregimientos alrededor del país, de acuerdo a cifras de las propia institución.

No son becas, ni auxilios económicos. No son dineros supervisados por el Ministerio de Educación (Meduca) o el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). En el portal de la AND aparecen simplemente nombradas como “Asistencias educativas”.

La información se desprende de una búsqueda hecha por La Estrella de Panamá en el portal elaborado por la propia AND que incluye transferencias desde agosto de 2024 a la fecha. Los fondos provienen del Impuesto de Bien Inmueble (IBI), el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm) y subsidios directos.

Estos dineros se espera sean destinados para obras en beneficio de los municipios y corregimientos. Sin embargo, la realidad es distinta. Una publicación de La Decana reveló por ejemplo como más de medio millón de dólares fue utilizado para mejorar iglesias católicas y evangélicas, algunas en terrenos privados. También hay reportadas donaciones directas a individuos.

En el caso de las asistencias educativas, los 1,9 millones de dólares no incluyen trabajos mejorar escuelas u otras infraestructuras en favor de los estudiantes. Los millones solo contemplan transferencias descritas literalmente como “Asistencias educativas”.

Las ayudas directas a individuos, ya sea a través de “donativos” o “apoyos” para los estudios han sido históricamente una herramienta política que facilita el clientelismo.

Dos provincias, Herrera y Los Santos, totalizan 972.670 dólares en “asistencias educativas”, casi un millón de dólares en el 2025. Herrera tiene una población de 119.274 habitantes y Los Santos de 95.696, según el último censo nacional. Representan el 5.1% de la población nacional y sus corregimientos reciben 51,3% de las asistencias educativas de la descentralización.

Para precisar, a los corregimientos de Herrera le fueron aprobados 505.566,66 dólares y a los corregimientos de Los Santos 467.103,66 dólares.

Le siguen Veraguas con 262.930 dólares y Chiriquí con 223.610 dólares. Los corregimientos de la provincia de Panamá ocupan el quinto lugar con 164.030 dólares. Para Coclé fueron destinados 129.690 dólares y a Panamá Oeste 85.161.

Para las comarcas indígenas se aprobaron transferencias por 24.504 dólares en la comarca Emberá Wounaan, 20 mil dólares en la Comarca Ngäbe-Buglé, 8 mil dólares en la Comarca Naso Teribe y 1.500 dólares en la Comarca guna de Madugandí.

La Ley 37 de 2009, reformada por la Ley 66 de 2015, establece claros lineamientos para el uso de los fondos provenientes del IBI y el Piopsm.

La educación es uno de los sectores que aparece en la legislación, pero no se contemplan “asistencias” directas.

El IBI puede ser utilizado para mantenimiento y mejoras de centros educativos, para construcción y mantenimiento de los Centros de Orientación Infantil y Familiar (COIF o Caipi), o para la construcción y mantenimiento de infraestructuras destinadas a servicios de niñez y adolescencia, contratación de personal idóneo o desarrollo de programas de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El Piopsm también contempla los sistemas de garantía de protección a la niñez y adolescencia, así como la construcción y mejoramiento de escuelas. Hay un monto máximo de 30 mil dólares que pueden ser asignados del presupuesto de inversión “agasajos, seminarios o capacitaciones, desastres, emergencias sociales, suministro de alimentos para centros de salud, educativos y comedores escolares”.

La data publicada por la AND no ofrece detalles sobre los criterios que fueron usados para aprobar la transferencia, y en la mayoría de los casos no se detalla de que programa provienen. Sin embargo, el monto máximo de las transferencias en asistencias educativas es precisamente de 30 mil dólares.

Sin embargo, los nombres de algunas transferencias aprobadas permiten vislumbrar el uso real de los fondos. El 29 de julio de 2025 al corregimiento de San Martín, en el distrito de Panamá, se le aprobaron 15 mil dólares para “Donación de becas” y en Taboga se aprobaron 6 mil dólares para “asistencia educativa a estudiantes de bajos recursos”.

El objetivo de las transferencias es, al menos en papel, noble. La idea es dar ayuda a estudiantes que necesitan fondos para estudiar. Pero ese no es el rol de las juntas comunales, y no cuentan con las herramientas para fiscalizar su uso correcto.

Las “ayudas” para la educación son terreno peligroso. El exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, se mantiene detenido por un presunto esquema cashback de auxilios económicos mediante el cual la institución habría otorgado dinero a particulares, que luego habrían retornado un porcentaje a funcionarios.

Los fondos de la descentralización también están en la mira del Ministerio Público. A la fecha se han presentado 284 denuncias, 12 que fueron desactivadas por duplicidad. Se han hecho 58 auditorías, 44 de las cuáles evidenciaron lesión patrimonial. Un total de 32 casos se han judicializado, involucrando a 66 personas, entre ellas representantes de corregimiento y tesoreros, que han llevado a 64 imputaciones. Diez personas permanecen detenidas, 8 en casa por cárcel, y 42 con reporte periódico al Ministerio Público.