Lucha anticorrupción

En el periodo pasado, la Asamblea votó por dejar a un lado proyectos de ley anticorrupción que representaban una oportunidad para mejorar la normativa vigente y brindar más herramientas a los operadores de justicia para combatir este flagelo. Este lunes hubo un nuevo intento por retomarlos, pero, nuevamente, los diputados optaron en votación por no discutirlos. Con ello, se envía un mensaje profundamente equivocado al país. No se trata solo de un trámite parlamentario frustrado, sino de una señal política que debilita la confianza ciudadana en una institución llamada, precisamente, a legislar en favor del interés público. La corrupción es uno de los principales males que erosionan la legitimidad del Estado, drenan recursos y perpetúan la desigualdad. Frente a este problema estructural, lo mínimo esperable de la Asamblea es abrir el debate, confrontar ideas y asumir responsabilidades. Negarse siquiera a discutir proyectos que buscan enfrentarlo transmite indiferencia, cálculo político o, peor aún, complacencia. Con la llegada de una nueva junta directiva al Legislativo, muchos esperaban un gesto distinto, una señal de ruptura con prácticas que han alejado a la Asamblea de la ciudadanía. Sin embargo, hasta ahora no se percibe un rumbo diferente al ya conocido. No avanzar en la discusión de herramientas para fortalecer la lucha anticorrupción revela prioridades, temores y la distancia entre el discurso y la acción. La Asamblea no puede reclamar respeto ni credibilidad mientras evade debates que la sociedad considera urgentes. La ciudadanía está observando y espera coherencia.