El escandaloso caso de Cobranzas del Istmo, en el que durante la administración Martinelli se creó un esquema para favorecer a particulares con el ejercicio de una misión que le corresponde, por naturaleza, al Estado, cobrar impuestos, es uno que sirve para evidenciar muchas cosas. Una de ellas, siempre es oportuno decirlo, la importancia de una prensa libre e independiente que destapó toda la maraña establecida para beneficio de unos pocos; por otro lado, que nunca es suficiente la madeja de sociedades o personas jurídicas para esconder a los sinvergüenzas que se aprovechan del erario, cuando una sociedad está dispuesta a exigir transparencia. Lo que todavía falta, y queda más evidente ante la acción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ayer en las oficinas de la empresa Importadora Ricamar, S.A., es una administración de justicia en la que el país pueda confiar. Ha transcurrido más de un año después de que el Ministerio Público remitió el expediente a la CSJ y, aunque podría pensarse que se trata de una diligencia más, la impresión que queda es que hay ribetes político-partidistas en todo esto; de lo contrario, Cobranzas del Istmo sería un espléndido caso para, de manera ejemplarizante, llevándolo hasta las últimas consecuencias, deslindar responsabilidades, encarcelar a los funcionarios y particulares corruptos, resarcir las arcas del Estado y sentar un precedente contundente para que todos los que manejen dineros públicos sepan lo que les puede pasar si meten la mano. Pero, parece que aquí habrá más de lo mismo.

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