La Administración de Justicia, perdió

Incluso aquellos que, con posiciones ideológicas libertarias extremas, plantean que el Estado debe reducir sus facultades al mínimo, reconocen que la Administración de Justicia corresponde al orden público y que es el Estado quien debe proveerla. Esa Justicia que otorga a cada cual lo que le corresponde debe ser gratuita, expedita e ininterrumpida, conferida con estricto apego a la ética, equidad y honradez para favorecer el bien común, el orden y la paz. Todo esto subordinado a la más precisa igualdad ante la Ley. La sociedad panameña acaba de presenciar la culminación de un proceso -de más de siete años- contra el expresidente Ricardo Martinelli, algunos celebran, otros critican; pero, independientemente de la sentencia, la que ha perdido -nuevamente-, porque no ha sabido estar a la altura en dignidad, eficacia y pulcritud, ha sido la Administración de Justicia. Ojalá se pueda leer pronto la decisión. Todo esto ha sido un gran bodrio muy desde el inicio. Ni quienes celebran ni quienes critican estarían para hacerlo, porque ha sido una gran pérdida para el país. En esto hay responsabilidades por todas partes, un Ejecutivo -2014-2019- que jamás se comprometió con la institucionalidad y, por el contrario, metió sus manos en la Administración de Justicia de la peor manera; un acusado -hoy, no culpable- que nunca le fue leal a la Justicia; una Corte Suprema de Justicia -sus pasados y actuales componentes- que no supo estar a la altura del caso que tenía enfrente, “declinó su competencia” para escurrir el bulto; un Ministerio Público -tanto el de Porcell como el de Ulloa- con sus fiscales, que faltaron a la trascendencia de sus atribuciones en defensa de los intereses del Estado y, por su parte, el Ejecutivo actual al que le ha faltado decisión para liderar una verdadera transformación de la Justicia. Lo debatido ya está sentenciado, la tragedia en la Administración de Justicia sigue.