Una asignatura pendiente

Las protestas recientes que han sacudido al país demuestran que existe una gran preocupación en la ciudadanía por lo que considera el virus de la corrupción. Sea justificada esa preocupación o sea efecto de percepción, el problema exige atención inmediata y pronta solución, que solo puede lograrse con esfuerzos concretos para fortalecer la institucionalidad. Preocupa, además, que la honradez como virtud pueda haber quedado descuidada como valor reconocido por todos los panameños, tanto en el ámbito del sector público como en el privado. La corrupción no es un mal exclusivo de Panamá, existe, con mayor o menor escala, en democracias de muchos otros países, por no decir en todos. Lo crucial es entender el daño que causa y tener la capacidad de prevenir su contagio. Hay que ser conscientes de que este virus no es fácil de erradicar y que cada paso para atacarlo cuenta. El proyecto de ley 329 de 2021, que según la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, “prevendría situaciones de conflictos de intereses en el desempeño de los servidores públicos (...) pudiese traer mejoras a la integridad pública y respaldar la lucha ciudadana contra la corrupción y la impunidad, que tanto daño hacen a la sociedad y al país”, es un paso positivo para prevenir la corrupción. La iniciativa fue vetada parcialmente por el Ejecutivo hace unos meses y recientemente la Asamblea Nacional la ha vuelto a aprobar con las correcciones correspondientes. El reflejo de la corrupción de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 –con 36 puntos y ocupando la posición 105 en una lista de 180 países evaluados–, ratifica la necesidad de aprobar leyes como esta. Hay que blindar con normas jurídicas el entorno y ocuparnos con firmeza de cumplir con esa asignatura pendiente.