Panamá, en manos del Parlamento

La resolución que sacaría a Panamá de la lista de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, está en vilo. A pesar de que la Comisión Europea reconoció formalmente los avances sustanciales de Panamá —incluyendo la cooperación eficaz-, un grupo de eurodiputados presentó una moción que buscaría frenar el procedimiento. Sin embargo, trasfondos políticos, como la oposición española a la exclusión de Gibraltar, dejan entrever que hay otros intereses en juego. Panamá fue excluido de la lista del GAFI en 2023, y desde entonces ha demostrado avances sostenidos. Cuestionar esa evolución con argumentos vagos o por desacuerdos con otros países incluidos en la misma resolución es una injusticia que socava la credibilidad del sistema europeo de listas grises. Si Panamá cumple, como en efecto ha cumplido con creces, debe ser tratado como lo que es: un país que ha avanzado con responsabilidad y compromiso. El resto es politiquería disfrazada de regulación. Hay que reconocer que el gobierno de José Raúl Mulino ha demostrado una ofensiva agresiva para cumplir su cometido. Más allá de tecnicismos, lo que está en juego es la reputación de un país que ha hecho su parte. Ya lo ha advertido el presidente, si Panamá continúa en la lista, las empresas europeas no podrán licitar en el país, una decisión contundente que responde a la injusticia recurrente de este bloque. Panamá no agachará la cabeza, sea cual sea la decisión que se tome el próximo miércoles 9 de julio, día en que se sabrá la resolución definitiva. Es hora de que Europa deje de aplicar estándares dobles y reconozca, con coherencia los esfuerzos reales.