Fiscalizar con equilibrio

La batalla contra la corrupción en Panamá exige instituciones fuertes y transparentes, sobre todo aquellas que tienen un rol de control sobre la actuación de los funcionarios públicos. Una de esas instituciones es la Contraloría. Por ello, las declaraciones del contralor Anel Flores —sobre tener “dosieres” de políticos y las amenazas de publicarlos inmediatamente después de las denuncias de diputados sobre su supuesta participación en “matraqueos” en la Asamblea— abren dudas sobre el posible uso politiquero de la Contraloría en favor del poder. Si existen elementos de irregularidades, el contralor está obligado a presentar las denuncias correspondientes. De lo contrario, estaríamos ante otro retroceso en la institucionalidad y en la credibilidad que había ganado la actual Contraloría con las auditorías a los puertos y a la corruptela pertrechada en la Asamblea. La labor del contralor no debe ser selectiva ni motivada políticamente; eso solo agravaría la crisis que vive el país. Panamá necesita una Contraloría fuerte, sí, pero también justa y creíble. Fiscalizar es necesario; politizar la fiscalización, inaceptable.