79 años de latrocinio a la seguridad social

En 1941 se concretó de manera definitiva un servicio obligatorio de seguridad social, mediante Ley de la República (23 de marzo), dando forma a una institución llamada a garantizar la estabilidad y retiro de la creciente clase trabajadora y profesional, se le llamó Caja de Seguro Social (CSS). Posteriormente mediante revisiones y modificaciones a la Ley, se fueron perfeccionando y agregando servicios a la institución, incluso se construyó en 1962 un hospital de salud moderno (de los mejores de América Latina, según palabras del entonces presidente Roberto F. Chiari).

La Caja de Seguro Social (CSS) pese a los vaivenes políticos, creció y se fortaleció al pasar el tiempo; pero para su desgracia se convirtió en botín de guerra, caja menuda, agencia de empleos e instrumento de rebusca y malversación de los fondos públicos, muchos de sus actos de corrupción socavarían sus cimientos hasta llegar al estado actual en que se encuentra. 

A continuación, hare una crónica histórica de los grandes negociados y abusos relevantes en sus 79 años de existencia para que veamos el daño acumulativo y grave.

En 1953 el presidente Antonio Remón le había negado a su hermano Alejandro Remón un préstamo por la suma de 450,000 dólares (una enorme cantidad para la época) para el establecimiento de una industria camaronera en Aguadulce, las razones concretas del rechazo se desconocen, pero podemos suponer que afectaría enormemente el funcionamiento y los fondos de esta institución. 

José Antonio Remón Cantera es asesinado un dos de enero de 1954, su primer vicepresidente José Ramón Guizado queda a cargo del país. El seis de enero inician una serie de conspiraciones y acercamientos de los allegados a Alejandro Remón, esta vez el contralor (Alfredo Alemán) y un grupo de miembros de la directiva del seguro social se acercan a Guizado para solicitarse la aprobación del préstamo para la camaronera, Guizado siguiendo la línea de Remón niega el préstamo nuevamente.

Extrañamente, una serie de acontecimientos irregulares dieron con la destitución, vía asamblea, del presidente Guizado el diez de enero e inmediatamente es aprobado y otorgado el préstamo a Alejandro Remón, además es nombrado ministro de Gobierno y Justicia. No sabemos en cuanto tiempo se pagó, o si se pagó el préstamo, pero el manejo y uso de los fondos de la CSS no fue el más adecuado.

Tiempo después, en 1981, al director de la CSS Abraham Saied y un grupo de supuestos inversionistas y miembros del gobierno militar se les ocurrió la iniciativa llamada “Programa Colectivo de Vivienda” que consistía en teoría en un plan maestro de bienes raíces, donde se construirían viviendas de interés social a lo largo y ancho del país. 

Lo que se creía una inversión en bienes raíces que acrecentaría el patrimonio de la CSS, resultó una compleja operación financiera. Según el fiscal que llevo la causa penal Carlos Cuestas, cerca de 100 millones de dólares fueron desaparecidos en distintas maneras (contratistas fantasmas, seguros, adelantos, bonos y comisiones, etc.) siendo esta la mayor expoliación financiera de los años ochenta a una institución del Estado. 

Por este caso fue procesada la junta directiva del programa y el director Saied, pero apelaron y en segunda instancia cerca de 1983, se cayó el caso y el expediente se perdió en los inmensos y oscuros archivos de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces.

Llego el nuevo milenio, bajo el gobierno del presidente Martin Torrijos (2004-2009), se planteó una alerta sobre la seguridad social y la necesidad de reformas urgentes. En conferencias de prensa el entonces director Rene Luciani declaro: “…que haría modificaciones para lograr mayores ingresos externos y aunque fueran llamados "impopulares", sería el principal reto que asuma…” además, Luciani anunció “un plan para recuperar la millonaria suma que adeudaban los patronos por evasión del pago de las cuotas obrero patronal, que es una de las causas que incrementan notablemente la crisis financiera de la entidad” (El Panamá América/11/09/2004)

El resultado fue un paliativo, ya que al modificar la ley 58 y construir un sistema de dos pilares a mediano plazo, que terminaría por liquidar el pilar único originario de carácter solidario, afectó a largo plazo el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La apuesta era ponerlo a producir ganancias en el capital privado, pero no tomaron en cuenta que al desviar los ingresos de las cotizaciones de los asegurados dejarían el pilar sin capital y liquidez alguna, agudizando la crisis hasta la actualidad.

En 2015 bajo un clima de constantes denuncias por mala administración, la falta de medicamentos, contaminación y deterioro del hospital Arnulfo Arias M, además de una abultada planilla de funcionarios (cerca de 30,201 de los cuales 13,757 eran administrativos, según datos de la misma caja), se descubre un complejísimo mecanismo para evadir el pago de la cuota obrero patronal, que se venía perfeccionando por años. Un verdadero artilugio que había desangrado nuevamente el IVM. Se evadió el pago de cerca de 30 millones de dólares a esa fecha. Se trataba de aprovechar un fallo en el Sistema de Ingresos y Prestaciones (SIPE) que los empleadores hábilmente explotaron al máximo, en complicidad con funcionarios. 

Lo irónico de todo es que pese a escuchar la misma canción con diferentes intérpretes y escenarios, no se hacen los controles y estrategias pertinentes para salvar la seguridad social, cosa que nos debe poner a reflexionar, sobre nuestro papel frente a la inminente diatriba que existe. 

El problema no es que vivimos más, o los muchos hijos que tenemos y familiares cotizando, entre otros mitos ampliamente difundidos, por gente que ve a la CSS como una oportunidad de negocio redondo y no una institución de carácter social; sino la falta de capacidad que hemos demostrado para unir voluntades pueblo- gobierno y rescatar la seguridad social de todos los panameños.

El autor es profesor universitario de Historia