Me cuentan que por los lados de la tierra de Urracá han visto a una funcionaria utilizando un vehículo del Estado, con matrícula 995645 y número de control 10-849, para asistir a reuniones de vinos, cafés y citas en hoteles, en horas nocturnas. ¡Ay, Ichabelita!
Al parecer, la funcionaria tiene corona, porque cobra en viáticos unos 3 mil billullos y labora en una dirección que, justamente, se encarga de velar por los bienes del Estado. Le mandan a decir a los mandamás del Gobierno paso firme que pongan orden.
Me cuentan que hay una empresa que busca confundir al ministerio tapahuecos para tomar ventaja en algunos contratos, a pesar de tener conflictos de intereses en el gobierno paso firme. ¡Algo debe saber Fernando, el funcionario!
Me cuentan que por los lados de Medicina Legal, el recién estrenado director estaría afinando el nombramiento de una persona como director regional de la altiva provincia, quien mantiene una denuncia ante la Antai por utilizar horas de oficina para impartir clases en la Unachi.
El diputado Cedeño, el Calvo, recordaba ayer que un día después de la invasión a Panamá hubo un saqueo atroz en la capital y en varios puntos del país, pero que hoy, 36 años después, existe otro tipo de saqueo, en el que algunos políticos sin valores se llevan los recursos del Estado, eludiendo el brazo de la ley, que no cumple su papel con la debida firmeza. ¡Qué tristeza!
Al parecer, la Cumbre de las Américas que se tenía prevista realizar a principios de mes en República Dominicana pasará al olvido, porque no han definido fecha y, en los dos primeros meses del año, se realizarán dos importantes eventos hemisféricos en Panamá. A esto se suma el poco interés mostrado por México y Brasil en participar, debido a la ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El partido oficialista Realizando Metas ha colgado en su cuenta de X varios mensajes en los que rechaza que la magistrada María Eugenia cumpla otro período como presidenta de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Penal, porque aseguran que la “reelección es dañina”, pero se olvidan de que el asilado y presidente del colectivo también buscó la reelección presidencial.
Las autoridades gubernamentales con mando y jurisdicción ahora tienen 15 días hábiles para responder a los requerimientos de la Defensoría del Pueblo en investigaciones por violaciones de derechos humanos. Ya entraron en vigencia las reformas a la ley que rige a la entidad.
La Defensoría del Pueblo ahora puede realizar investigaciones contra empresas privadas que prestan servicios públicos y mantienen contratos con el Estado. Las responsables de los servicios de electricidad y telefonía, que se preparen.
Ya que hablamos de derechos humanos, las víctimas de la dictadura militar están que trinan, porque por la Cancillería volvieron a colocar a un funcionario que en el gobierno pasado era el responsable de atenderlos, pero que, más que generar puentes y empatía, provocaba disgusto por las groserías con las que trataba a los familiares.
Entre enero y noviembre de este año, la Procuraduría de la Administración ha logrado ahorrarle al Estado poco más de 53 millones de billullos en demandas que ha ganado, frente a los 6 millones en los que el Estado ha sido condenado.
