Mariela Sagel le responde a Antonio Domínguez Jr.

La editora de la sección Opinión me ha reenviado una nota que me remitiera por su conducto y la cual respondo responsablemente a continuación, por el respeto que usted se merece y aclarando que en ningún momento mi intención fue afectar el nombre ni integridad de su hijo ni el suyo propio.

Me llama la atención que usted reclama para su hijo haber luchado por la democracia de este país, cuando mi señalamiento, en mi responsable artículo de opinión, es en defensa de panameños que han hecho mucho más que cualquier otro por la recuperación del Canal de Panamá y que hoy son víctimas de los nuevos mandamases de esa, hasta entonces, ejemplar administración.

No dejo de cuestionar, al responder su misiva, el que usted salga en defensa de su hijo alegando que es ‘apolítico’, cuando el tono de su nota demuestra lo contrario. El mero hecho de que su hijo fue nombrado como miembro de la Junta Directiva del Canal por la presidenta Mireya Moscoso, junto con otros dos exministros de su gobierno, desliza un velo de duda sobre si su nombramiento y si fue de carácter político.

En la posdata me indica que su hijo homónimo fue miembro de la Junta Directiva del Canal por 10 años, y hasta donde llega mi infinita ignorancia, los nombramientos en esa junta directiva son por nueve años, por lo que a todas luces si ejerció como director por 10 años fue de manera ilegal.

Me exhorta a hacer del conocimiento de las autoridades del Canal de Panamá y del público en general de algunas ‘chequearías’ que se estén dando, por lo que aprovecho para saber cómo, cuando su hijo ya no era miembro de la Junta Directiva, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) le pagó gastos de viaje a Lion, Francia, a una reunión de la Junta Asesora. Si él no tenía ningún contrato con la ACP, esta situación es totalmente irregular y la misma debería investigarse y el dinero utilizado reponerse.

De la misma forma, como se le exige rendición de cuentas de los altos ejecutivos de la ACP, me gustaría saber si los miembros de la Junta Directiva de la ACP rinden cuentas sobre sus actuaciones y sobre los posibles conflictos de intereses que existen en contratos o subcontratos con la misma. Por ejemplo, me gustaría saber los nexos que existen entre miembros de la Junta Directiva y el consorcio Grupo Unidos Por el Canal (GUPC, a cargo de la ampliación del Canal), ya sea de manera directa, o indirecta a través de subcontratos.

Mi escrito se sustenta precisamente en el hecho de que ante semejante escándalo nacional e internacional que representó la paralización de las obras de ampliación del Canal por parte de GUPC, que ha costado y continuarán costando sumas millonarias al Estado panameño, no hemos visto un informe detallado de la oficina del Fiscalizador General, quien también tiene entre sus responsabilidades velar porque la ACP, sus procesos y contratos se ejecuten de acuerdo a las normas y reglamentos establecidos. Todavía la población panameña espera una explicación del porqué, a sabiendas de que el contratista tenía problemas de liquidez, se le continuaron dando adelantos y qué ocurriría de declararse GUPC en bancarrota.

Adicional, y entusiasmada con su solicitud, quisiera que le elevara la pregunta a su hijo, por su digno conducto, si la directora Lourdes Castillo infringió la Ley al haber sido infidente en los medios de comunicación con respecto a información que no era de conocimiento público y que de hecho, no estaba ni siquiera en un informe formal ante la Junta Directiva del Canal ni ante la administración. Un grupo de abogados hizo la denuncia ante la oficina del Fiscalizador General y éste la desestimó, indicando que a él no le corresponde investigar a los miembros de la Junta Directiva. En mi humilde entender, esa es precisamente la razón de la posición que ostenta su hijo en la Autoridad del Canal de Panamá, la de investigar todas las actuaciones de la ACP, inclusive las de los miembros de la Junta Directiva.

Del señor Domínguez, con mi altísima consideración y aprecio,

SEÑOR ANTONIO DOMÍNGUEZ JR.

MARIELA SAGEL