Justicia igual para todos

La forma con que la justicia se administra en Panamá tiene un considerable nivel de improvisación que, de persistir, conspiraría contra el deseo de todos de tener un país donde se respeta la institucionalidad y castiga la corrupción.

Igualmente, los tropiezos observados en la introducción del Sistema Penal Acusatorio (SPA) reflejan una falta de voluntad judicial y administrativa de magistrados, jueces y fiscales. A pesar de que el tiempo entre el inicio en el interior de la República y la puesta en marcha en la ciudad capital permitía evaluar las necesidades de recursos humanos e infraestructura, lo cierto es que el SPA tiene serios trastornos y constata que el número de jueces y fiscales es insuficiente para llevar adelante las investigaciones por cada acto delictivo que se registre.

Un ejemplo basta para advertir la imposibilidad de que ellos puedan cumplir razonablemente con su tarea: en El Valle de Antón ingresan un promedio de 12 casos mensuales, que deben ser atendidos por 4 fiscales en Penonomé, pero que ahora, para colmo, han sido trasladados a Panamá para entrenar a otros. Y así sucede en decenas de comunidades del interior que ruegan por la implementación de una justicia oportuna y efectiva.

Esta realidad indica que con el correr del tiempo la cantidad de causas en que deben trabajar los jueces y fiscales irá siguiendo una progresión geométrica, con lo cual el sistema llegaría a estar al borde del colapso. Si bien ahora las autoridades han reconocido que tal cantidad de jueces y fiscales es insuficiente y han prometido una paulatina designación de más funcionarios, lo cierto es que desaprovecharon el impulso del comienzo. Y empezar con tropiezos un programa que se pensaba cambiaría la cultura de justicia en el país, no es alentador.

Sabemos que desde las mismas entrañas de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la Nación existen algunas resistencias al cambio y actitudes escépticas sobre el SPA, algo no precisamente auspicioso para el éxito de este nuevo sistema judicial y que sin duda agravará tanto las dilaciones como desatenciones en el manejo de los casos y expedientes.

La justicia en Panamá está muy frágil y es muy importante librarla de la improvisación. Para empezar, se requiere de una cultura jurídica eficiente y productiva. Además, del establecimiento de una justicia imparcial lograda por la distinción y labor de un juez, y por la investigación y consecución de una prueba de un fiscal que se encuentra lejos del debate político. Se entiende que el fiscal tiene la responsabilidad de construir el caso a partir de la denuncia del delito y tiene entre sus manos la tarea de esclarecer el hecho e impulsar la sanción del responsable, algo que las autoridades parecieran desconocer, al no exigir una acertada previsión de los recursos humanos y materiales necesarios.

Reiteramos, la justicia en Panamá se encuentra en una situación de crisis en lo que atañe al campo del esclarecimiento de delitos. Ni hablar del respeto de las garantías constitucionales y la imposición de castigos ejemplares. La forma con que se han manejado los casos sonados y de alto perfil del Gobierno anterior tiene como característica principal el irrespeto de la ley, la selectividad perniciosa, la manipulación de expedientes, la carencia de credibilidad y el tinte marcado de improvisación.

Como ciudadanos tenemos el derecho de exigir una justicia igual para todos. La forma en que el Ministerio Público realiza sus investigaciones, como en el caso de la última semana con exmiembros de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, merece un rechazo total por la forma burda en que conducen tales indagaciones. Lo que una vez fue la presunción de inocencia como criterio fundamental de un Estado de derecho, hoy queda claro que en Panamá existe una administración de justicia selectiva al servicio de la política y del partido de Gobierno.

Todos esperábamos que luego de dos largos años de persecuciones y detenciones tuviéramos al final una lista que sirviera de ejemplo y justificara el esfuerzo y los recursos gastados por jueces y fiscales. ¡Pero no!, salvo Moncada y Fábrega que se declararon culpables y aceptaron sus penas, no hay ningún otro a quien se le pueda comprobar un delito. Lo cual llama poderosamente la atención sobre que si en una taquilla una simple suma de uno más uno tiene como resultado la cifra de dos, no suceda igual con el número de investigaciones. Porque, aunque sabemos que el derecho no es matemático, el procedimiento que utilizan para amedrentar y detener es casi mecánico.

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