Ley de Protección de Datos en Panamá: ‘Por debajo de la curva’ y con déficit de personal

A casi seis años de la entrada en vigencia de la normativa que regula la privacidad en el país, el balance sobre la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales es poco alentador.

Armando Lin Barsallo, quien tuvo la responsabilidad de ser el primer director de esta área en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), advirtió a La Estrella de Panamá que la institución se encuentra actualmente “por debajo de la curva” respecto a las metas trazadas originalmente entre 2019 y 2020.

El núcleo del problema, según explica el exfuncionario, radica en una alarmante falta de capacidad operativa. Mientras que las proyecciones iniciales —respaldadas por organismos internacionales como la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales— estimaban que para esta fecha la dirección contaría con un equipo robusto de al menos siete especialistas entre técnicos y legales, la realidad es drásticamente distinta.

Barsallo señala que, hoy por hoy, la dirección apenas cuenta con dos funcionarios, una estructura mínima que hace prácticamente imposible alcanzar los resultados que el país se comprometió a ejecutar hace más de un lustro.

Esta brecha entre la ley y su aplicación real abre un debate sobre las prioridades del Estado. Para Barsallo, el estancamiento podría responder a una falta de presupuesto, a una falta de interés institucional, o a una combinación de ambas.

Lo cierto es que, con el Decreto Ejecutivo 285 de mayo de 2021 ya en marcha y un calendario que avanza hacia su sexto año de vigencia, los hitos que debieron marcar el liderazgo de Panamá en la región en materia de privacidad digital siguen sin materializarse.

Por otro lado, el exdirector hizo una distinción necesaria sobre las facultades de la ANTAI para evitar confusiones en la opinión pública.

Si bien reconoció y aplaudió las recientes gestiones de la autoridad en la lucha contra el nepotismo y las sanciones basadas en el Código de Ética de los servidores públicos, fue enfático en aclarar que estos éxitos pertenecen al brazo de “transparencia” y no al de “protección de datos”.

Barsallo contó que, aunque es loable que la institución ejerza sus facultades sancionadoras ante faltas administrativas, esto no compensa la deuda pendiente en la protección de la información de los ciudadanos.

“Mientras el brazo de transparencia se fortalece, el de protección de datos parece haber quedado relegado a una mínima expresión administrativa que urge ser atendida”, concluyó.