Periodismo responsable y censura informativa

Analizar el Periodismo contemporáneo, como elemento influyente en la sociedad, no es algo que pueda hacerse a la ligera. Por ello es reprochable que ciertos gremios y actores, que se declaran defensores de la libertad de expresión, suelan exigir el trillado albedrío y simultáneamente eludir la responsabilidad que ese derecho demanda.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es argumento habitual, para desvirtuar la libertad y obviar que el acceso a la información, también es un derecho inherente a la libertad de expresión. El enunciado señala: ‘Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión’.

Hay jurisprudencia internacional y convenios que aclaran el referido artículo 19, frente a la apología de los que tuercen su hermenéutica. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la que Panamá es signatario, aclara las restricciones existentes sobre la materia, que algunos Estados y medios profanan deliberadamente.

La censura no es una violación exclusiva de gobiernos autoritarios y democráticos, también recae sobre algunos jefes y dueños de medios del orbe. En el artículo 13, el documento menciona el derecho que tiene el individuo de recibir información, sin límites y censura. En lugar de restringir la información, alude a responsabilidades ulteriores, que deben fijarse legalmente para proteger la reputación y otros derechos individuales. Veta cualquier propaganda que promueva la guerra, el odio nacional, racial o religioso y que incite a la violencia.

El lunes 8 de abril se conmemoraron 20 años del genocidio en Ruanda, África Central, en contra de miembros de la tribu tutsi. La matanza de hutus contra tutsis durante tres meses, de abril a julio de 1994, provocó el asesinato de más de 800 mil personas, principalmente tutsis.

En el 2004, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, bajo dirección de la ONU, condenó a cadena perpetua al director de Radio Televisión Mil Colinas (RTLM), Ferdinand Nahimana y Hassán Ngeze, exredactor de la revista Kangura. El fundador de RTLM y funcionario del gobierno, Jean Bosco Barayagwiza, fue condenado a 35 años de prisión. Los tres fueron hallados culpables por genocidio, incitación pública al exterminio y crímenes contra la humanidad, al alentar a ruandeses a matar a tutsis.

Hay hechos que se subestiman, mientras otros se maximizan con dosis de manipulación y engaño. A fines de febrero, más de 30 activistas de organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela, formularon un pronunciamiento que no ha sido noticia. Parte de la declaración expresa: ‘Vemos con preocupación cómo desde sectores de oposición se intenta posicionar una matriz de opinión según la cual, en Venezuela, unos jóvenes que ejercen su derecho a la protesta pacífica, son reprimidos y asesinados por el Estado, en una situación generalizada y sistemática de violación a los derechos humanos. Tal matriz tiene, evidentemente la intención de deslegitimar al gobierno del presidente Maduro, nacional e internacionalmente y forzar una salida, no prevista en la Constitución’.

Poco se ha dicho de; violencia de manifestantes presentados como pacíficos; la esposa de Leopoldo López expresando en CNN que éste sería asesinado y que el gobierno le brindó protección, una oposición que participa del diálogo y otra que lo rechaza y promueve el odio, más de 20 agentes del gobierno detenidos y policías asesinados.

Urge aplicar rigores éticos frente a la censura, la desinformación y el Periodismo irresponsable.

PERIODISTA