Necesidad urgente de mejorar y ahorrar

Un análisis rápido de la opinión pública revela un extendido espíritu crítico de los panameños hacia las formas en que se desarrolla la vida política en los distintos niveles y ámbitos de responsabilidad en nuestro país. Dicho descontento se manifiesta desde hace tiempo en distintas expresiones ciudadanas, que van desde la protesta esporádica hasta el desentendimiento liso y llano frente a asuntos que involucran al conjunto de sociedad y Estado.

En otros países, esta tendencia se refleja en altos índices de abstención electoral, señales de un desacople entre la representación política y las realidades sociales que la sostienen. El caso nuestro todavía no ha llegado a esos grados de apatía o desinterés, pero sin duda nuestra sociedad mantiene altos niveles de preocupación por la cosa pública.

Pero el mayor problema es que dicha preocupación está también acompañada por altas cuotas de escepticismo y previsiones conservadoras frente a lo que nos depara el futuro. El ciudadano interpelado suele expresar su crítica por el deficiente funcionamiento de las instituciones y su disgusto con el rendimiento de los gobernantes, pero sostiene al mismo tiempo una creencia de que poco se va hacer para mejorar la situación.

Este balance crítico sitúa el foco de atención, necesariamente, en las responsabilidades de la clase política y en su capacidad para recobrar la confianza, en sí misma y de la ciudadanía en general. No alcanza, para ello, con el reconocimiento del problema y su enunciación reiterativa. Deben existir, además, gestos y acciones concretas de transformación en el ejercicio de la política. De lo contrario, la tarea queda a medio camino y deja signos desfavorables, como se evidencia claramente en las denuncias de corrupción del gobierno anterior y que motiva el inicio de procesos judiciales a una decena de funcionarios pero olvida que el atraco a las arcas del país no se originó hace cinco años sino que viene rampante desde principios del siglo pasado.

Los últimos días han mostrado, en tal sentido, algunas intenciones acertadas pero con escasos logros y abundancia de críticas por parte de funcionarios y dirigentes. Algunas de estas percepciones más realistas han debido tomar nota de que el descontento y el pesimismo de la gente son variables que pueden ser pasajeras pero, también, difíciles de remontar rápidamente. Por eso, si no se les atiende y revierte con respuestas consistentes pueden generar problemas mayores que afectan directamente la marcha de la economía y al propio sistema democrático.

En ese sentido, no hay razones que justifiquen mantener gastos públicos reservados para la utilización discrecional de funcionarios, y menos aún privilegios personales que, en medio de restricciones y ajustes como los que se imponen, significan una verdadera ofensa a la ciudadanía.

En este marco puede destacarse la actitud de un par de diputados de cerrar fila y rechazar el bono navideño de $25 mil, al igual que el Procurador de la Administración de eliminar los gastos de combustibles y teléfonos celulares de los que disponía como funcionario. Estos gestos se enmarcan en una discusión más amplia sobre el financiamiento de la política y la existencia de grandes asimetrías, distorsiones y mala asignación de recursos en las esferas del Estado.

En el caso de autos oficiales, pasajes aéreos en primera clase y sueldos disfrazados en gastos de representación, los funcionarios tienen una importante tarea de depuración y reordenamiento administrativo, que debe realizarse más allá de la coyuntura política que así lo reclama. Ello incluye, también, la eliminación inmediata de las partidas circuitales para los diputados y discrecionales para los despachos privilegiados cuyos montos se desvirtúan de las necesidades apremiantes que tiene el país.

En épocas más lejanas, estas asignaciones podían vincularse a la intención de resguardar las instituciones republicanas e investir a quienes ocupaban cargos electivos de los atributos de autoridad que acompañaran su correcto ejercicio. Pero con el paso del tiempo, estas facilidades se evidenciaron como injustificados beneficios para quienes accedían a cargos electivos. También sirvieron como fuente de financiamiento suplementario de la actividad política partidaria, con el consiguiente clientelismo y las corruptelas que terminaron incorporándose como prácticas aceptadas de la vida legislativa.

Es la permanente evaluación del desempeño institucional y del mejoramiento del sistema democrático lo que permite remover estos irritativos privilegios y antiguas ostentaciones, a pesar de que tengamos que tocar fondo para entender las consecuencias. Acelera esta demanda de austeridad y transparencia, asimismo, el notorio desprestigio que afecta a los políticos y gobernantes por las sospechas y denuncias de corrupción y enriquecimiento no probado.

No basta sólo con algunos gestos de austeridad y decisiones aisladas de saneamiento en un par de instituciones representativas. La consiga es dar pasos firmes en el fortalecimiento del Estado y funcionamiento y gestión de gobierno en todos sus poderes y niveles.

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