Rico Pineda, el vínculo entre los magistrados removidos del Tribunal de Apelaciones

Los jueces Justo Vargas y Adrián Hernández, cuyo nombramiento como magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá fue dejado sin efecto por decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tienen algo en común: ambos eran parte del tribunal que revocó la medida cautelar de detención provisional a Abraham Rico Pineda en febrero de este año.

Pineda había sido imputado por el presunto delito de blanqueo de capitales, como parte del Caso Operación Jericó, y en esos momentos llevaba 1 año y 5 meses detenido desde su aprehensión el 20 de agosto de 2024.

“El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, integrado por los magistrados Justo Vargas (presidente), Frank Torres y Adrián Hernández, luego de escuchar a las partes intervinientes, valoró los argumentos vertidos en esta causa y observó que no se encuentran fortalecidos los elementos de convicción, y que la defensa aportó otros elementos objetivos que permiten observar que no se mantienen las mismas circunstancias para confirmar la medida cautelar de detención provisional”, señala el comunicado oficial publicado por el Órgano Judicial en febrero.

El Tribunal manifestó también que no observó una explicación clara de una investigación compleja y que deben existir los elementos que sustenten la detención provisional. Fuentes cercanas a la defensa de Pineda aseguran que la decisión de cambiar la medida cautelar estuvo sustentada en elementos sólidos y que los jueces actuaron de acuerdo a la ley.

No hay una declaración oficial del Órgano Judicial respecto a la separación de los jueces del cargo, pero sí se conoce que se emitió una circular respecto a los criterios adoptados para asignar audiencias, en la que se prohibía a magistrados y jueces solicitar la asignación de una audiencia en particular.

Fuentes del Ministerio Público compartieron con La Estrella de Panamá que la próxima semana se presentará el escrito de acusación de la fiscalía para los más de 30 imputados en la Operación Jericó. Luego, lo que procede es fijar una ficha para la Audiencia de Fase Intermedia, es decir el inicio del juicio como tal.

Vargas y Hernández tienen una larga trayectoria en el Órgano Judicial. De acuerdo a la plataforma de transparencia de la institución, Vargas inició el 10 de agosto del año 2000 y a mayo de 2026 devengaba un salario de 3.500 dólares más 307 dólares de sobresueldo; mientras que Hernández trabaja desde el 1 de agosto de 2016 y devengaba 3.500 dólares de salario y 240 dólares de sobresueldo.

Ambos emitieron decisiones en casos de alto perfil a lo largo de los años. Vargas negó en 2019 la solicitud de fianza de excarcelación por 500 mil dólares a Ricardo Martinelli, imputado en el Caso Pinchazos. En 2018, levantó la suspensión del cargo al entonces alcalde de Los Santos, Eudocio Pany Pérez imputado en la Operación El Gallero. En 2022, actuando como juez de garantías, rechazó una solicitud de afectación de derechos que buscaba reapertura de causa penal por abuso de autoridad e infraccion de deberes contra el excontralor de la República, Federico Humbert.

La esposa de Vargas fue aprehendida por presunto peculado relacionado a fondos de descentralización en la junta comunal de Belisario Porras.

En cuanto a Hernández, en 2025 presidió un tribunal que decidió decretar detención provisional a una abogada imputada por los delitos de seguridad informática agravada y usurpación de funciones públicas, relacionado a la usurpación de la libreta de contactos del presidente de la República, José Raúl Mulino. En 2021, formó parte del tribunal que confirmó las medidas cautelares de reporte periódico a imputados en el Caso Bolsas de Comida, relacionado al programa Panamá Solidario.

Una de sus actuaciones más significativas fue la imputación de cargos y declaración de detención provisional a Gilberto Ventura Ceballos en 2017, señalado por el homicidio de 5 personas y quien se evadió del sistema penitenciario panameño para luego ser aprehendido en Costa Rica.

Los dos jueces aparecen en la planilla del Órgano Judicial como personal “interino”, es decir que no están amparados bajo la Carrera Judicial. Esto facilitó el proceso de remoción de sus cargos.