• 11/02/2011 01:00

A la caza del cobre de Cerro Colorado

Al ver el anuncio en el cual el ministro de Comercio e Industria promueve, con un discurso poco convincente, las bondades del proyecto d...

Al ver el anuncio en el cual el ministro de Comercio e Industria promueve, con un discurso poco convincente, las bondades del proyecto de ley que modifica el Código Minero, me pregunté sobre el afán —tanto durante el período de consultas en la Comisión Legislativa de Comercio, como en los medios de comunicación social— de engañar a la población, de que el verdadero trasfondo de estos cambios no es meterle el diente a la reserva cuprífera de Cerro Colorado.

Si algún calificativo hay que poner a esta norma, es ‘a la caza del cobre en Cerro Colorado’, tanto que en un acto de torpeza mediática, el gobierno ha utilizado a sectores de la comarca Ngäbe Buglé, para que promuevan la explotación de este yacimiento metálico, a cambio del 50 por ciento de los beneficios generados.

Torpeza que raya en el descaro, pues han publicado páginas enteras en diarios, respaldando la explotación minera y todo mundo sabe quién paga esos costosos anuncios. Más, cuando en el periodo de consultas, desfilaron representantes indígenas ngäbe buglés, que apoyaron las modificaciones al Código Minero, lanzando petardos a los grupos ambientalistas, a quienes les espetaron que al rechazar los proyectos mineros, limitan el desarrollo de su comarca.

El denominado período de consultas fue el montaje para una decisión ya tomada, y que han querido maquillar con espejitos para llevarse las monedas de oro: que si el porcentaje de las regalía aumentarán de 2% a 4%, que las multas por daños ambientales serán mayores, mientras que la bonanza metálica permitirá sacar a los indígenas de la pobreza. ¡Y eso que las modificaciones no se imponen para explotar Cerro Colorado!

Mientras, los grupos ambientalistas, expresaron su ‘más profunda’ preocupación sobre el proceso y el contenido del polémico y nefasto Proyecto de Ley No. 277 que modifica el Código Minero, y que atenta contra la seguridad ambiental y la soberanía de Panamá.

Falta de consulta previa a la presentación de un proyecto que fue elaborado en secreto y a puertas cerradas, hicieron que las consultas ante la Comisión de Comercio fueran extemporáneas e improductivas, ‘ya que las bases de estas modificaciones no fueron previamente consultadas con los diversos sectores de la sociedad civil y comunidades afectadas’. Tampoco se divulgaron los borradores y los textos científicos (en caso de existir) o las opiniones de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), todo ello a pesar de numerosos intentos de obtener tales datos por parte de grupos interesados.

A pesar de la trascendencia del tema, ni en el período de consultas, ni en la aprobación a tambor batiente en primer debate, asistió la administradora de la ANAM, institución que estuvo representada por un funcionario de tercera categoría.

Los ambientalistas plasmaron su preocupación por la posición recalcitrante del gobierno de no integrar de manera efectiva los aportes de la sociedad civil en su conjunto. ‘Es desconcertante, y ante todo antidemocrático, que la Comisión competente en la Asamblea y el Ministerio de Comercio e Industrias hagan caso omiso a una propuesta de trabajar en comisiones para un profundo análisis y mejoramiento del Proyecto de Ley, tal cual fue planteado ante el ministro de la Cartera por las asociaciones civiles antes de que la Comisión iniciara las ‘consultas’ sobre el Proyecto’, destacaron.

A pesar de ser mercadeado como una norma ‘para el ambiente’ o para ‘darle herramientas a la ANAM’, este documento está plagado de errores de redacción que complican el entendimiento de las funciones de esa institución para el control ambiental de la minería, condicionando las inspecciones que hoy hace la ANAM, por razón de su competencia, al requerimiento de la Dirección de Recursos Minerales del MICI.

Los planteamientos de los ambientalistas son contundentes al señalar las inconsistencias de las modificaciones al Código Minero; tanto que dan para otro artículo. Por ahora, recomiendo a los voceros del gobierno no insistir en mentir, al decir que la aprobación de esta norma no tiene como finalidad explotar el yacimiento cuprífero de Cerro Colorado; porque con sus torpezas ellos mismo le han dicho a la comunidad que ese es el objetivo principal.

*PERIODISTA.

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