Código Minero y resistencia civil

Estas últimas semanas el país se ha visto convulsionado, producto de la aprobación por la Asamblea Nacional de Diputados y sanción del Ejecutivo, de la Ley N° 8 de 11 de febrero de 2011, que reforma el Código de Recursos Minerales. Diversos sectores de la población, desde el inicio de los debates parlamentarios, han mostrado su insatisfacción.

Esto, sumado a la información divulgada por diversos medios, de la llamada telefónica realizada por el presidente Martinelli, a su homólogo de Corea del Sur, informándole sobre la aprobación del Código de Minería, ha causado indignación y desaprobación en un muy alto porcentaje de la población.

Se conoce del marcado interés de aquel gobierno en invertir en Panamá, a través de empresas surcoreanas, aproximadamente B/.1,500,000.00, en proyectos mineros.

Esta situación ha desencadenado una resistencia civil, conformada por grupos indígenas, campesinos, ambientalistas, obreros, estudiantiles y de la sociedad, que se mantienen manifestando censura a la medida tomada y solicitando se derogue la recién aprobada Ley de Minería.

Frente a esta realidad, el 22 de febrero, el gobierno extendió un comunicado, donde el presidente Martinelli ‘se comprometía a no iniciar, incentivar o aprobar concesiones mineras en la Comarca Ngäbe Buglé o cualquier otra área comarcal del país, hasta el año 2014 cuando finalice su gestión’.

Este comunicado no logró calmar el ánimo de los manifestantes. En el ambiente se percibe un alto nivel de desconfianza y falta de credibilidad, probablemente por situaciones vividas en pasadas administraciones. Inclusive con la actual, se recuerda la Ley 30 (Chorizo) y la destitución de funcionarios con discapacidad y/o enfermedades crónicas, violando, entre otras leyes, la 42 de 1999.

Lo lamentable es que se han visto afectados usuarios de carretera, escenario que se complica cada vez más. El fin de semana pasado, se dio el cierre por más de 32 horas, de la Panamericana, en San Félix, Chiriquí, por la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe y Campesino, quienes exigían la presencia del presidente Martinelli y la derogación del Código Minero.

Para atender este caso, el gobierno envío una comisión conformada por el vicepresidente de la República y el ministro de la Presidencia, con la colaboración de Monseñor José L. Lacunza, como mediador; en busca de un diálogo para solucionar el conflicto.

Existe honda preocupación ciudadana, por el impacto ambiental que puedan causar los proyectos de explotación minera a cielo abierto, sobre todo si de modo intensivo se trata. Según informaciones periodísticas, aproximadamente el 75% del territorio nacional ha sido comprometido en concesiones mineras.

Si todos aspiramos a que el país se desarrolle con sostenibilidad, equilibrio y justicia social, debe prevalecer la claridad, objetividad e interés colectivo. Por muy buenas que sean las iniciativas de los gobiernos, deben contar con la aprobación ciudadana. Si no escuchan la legítima voz del pueblo, continuarán cometiendo desatinos, los cuales culminarán con altos costos sociales, económicos y políticos.

*ECONOMISTA, EDUCADORA Y HUMANISTA.