Impunidad e indemnizaciones

C onocido es el trágico periodo de las décadas del 60, 70 y 80, en que se impuso en América Latina una serie de dictaduras militares. Todas dirigidas por oportunistas militares, formados por el ejército de USA en la Escuela de las Américas de Fort Gullick del Canal de Panamá. El objetivo geopolítico fue apoderarse o mantener el control de las riquezas naturales de eso países (cobre, estaño, cereales, hierro, canal) La excusa publicitaria: luchar contra el comunismo. Estas Guerras Sucias produjeron todas las violaciones de los Derecho Humanos: se eliminaron todas las libertades, se encarceló, desapareció, torturó, asesinó y exiló a miles de ciudadanos.

Ante esta agresión contra los pueblos, la gente se rebeló, organizó guerrillas y al final se impuso el pensamiento democrático en todos esos países. Aparte de la mancha histórica y el desprestigio de los militares de la época; se perdieron valiosos años y quedó un trauma social reflejado en el campo político.

Para paliar estas grave consecuencias sociológicas, los gobernantes, ahora en democracia, han tomado una serie de acciones policiales, administrativas, judiciales y cívicas para encontrar la reconciliación y la armonía social.

La desmilitarización, el regreso a las normas constitucionales de las autoridades civiles, el restringir las influencias de potencias extranjeras (nuevo pretexto: terrorismo) y la reestructuración de esos organismos, fueron medidas preventivas efectivas. Pero tal vez las más sensibles han sido las relacionadas a la JUSTICIA.

Los militares, responsables directos de las violaciones de los Derechos Humanos, la Constitución, los directamente acusados de abuso de autoridad, exilios y crímenes de Lesa Humanidad no deberían quedar impunes. Se instituyeron fiscalías y juzgados especiales, comisiones de la verdad, juzgados militares y juzgados internacionales. Esos delitos no prescriben basado en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA.

En casi todos los países estos organismo han cumplido su función, pero con grandes dificultades y mucho tiempo; por los indultos, amnistías, falsas prescripciones, obediencia debida (no aceptadas por Carta Política, art. 34 —Ley de la Policía 1999—, Código Penal, art. 40) y otras baratas tramitaciones judiciales. Además, se investigaron los enriquecimientos ilícitos, las corrupciones, los fraudes, los peculados, el saqueo de bancos e instituciones sociales, las cuentas bancarias con cifras injustificadas, la desaparición de bienes y oro, el narcotráfico y el negociado de armas.

Por otra parte, se identificaron las víctimas: muertos, desaparecidos, bebés robados, bienes hurtados, daños y perjuicios físicos, económicos y psicológicos.

De todo este accionar de la JUSTICIA, surgió una serie de medidas y legislaciones para enjuiciar y castigar a los responsables y, por otra parte, indemnizar a las personas perjudicadas y a sus familiares. Los familiares, los civilistas y varios partidos han exigido eliminar las prescripciones y los indultos, pero solo se ha avanzado algo en el crimen de Heliodoro Portugal; por el esfuerzo de su hija en 30 años.

En Chile se enjuició a Pinochet y se le retuvieron sus cuentas en el Banco Rigg de Washington. El general Videla de Argentina está aún en la cárcel en una larga condena, allí en 2001 se declaró inconstitucional la Ley Dep. Punto Final de 1987. En Brasil se han juzgado y condenado a varios oficiales, al reabrirse los juicios por crímenes de la dictadura del 1964 y 65; al eliminarse por la OEA en el 2010, las leyes de amnistía de 1979. El general Bordaberry y el ex ministro Blanco fueron condenados en el Uruguay. En Panamá se han juzgado varios oficiales y a otros varios en ausencia, (siguen prófugos) por los asesinatos, pero solo uno ha sido condenado. El ex general Noriega está por llegar y le espera la cárcel. La edad no ha sido impedimento para que otros países lo apresaran y encarcelaran por otros delitos.

En Brasil y Chile se indemnizó por legislaciones especiales de seguridad social a todas las víctimas de las dictaduras: exilados, viudas y huérfanos. Se ha intentado rescatar los bienes y dineros sustraídos por los malos militares. No siempre se ha logrado, y ha sido el Estado el que ha dado las compensaciones. En Filipinas se consiguió obtener parte de la fortuna de Marcos (expropiadas en Hawái), con lo que se indemnizó parcialmente a sus perjudicados. En Panamá se estimaron en más de 800 millones las fortunas acaparadas por algunos militares, pero lo que se ha logrado reunir es ínfimo, por los procedimiento bancarios, por ocultarlo agentes y bufetes financieros y compinches beneficiados de esa mafia.

Pero por allí circulan los oficiales del ex Estado Mayor de la Guardia Nacional actuantes y cómplices, dictando cátedras de democracia en los periódicos y dando asesorías estatales. Algunos civiles también usufructuaron del padrinazgo de los dictadores. Los países que han hecho JUSTICIA, se están reponiendo de las diferencias políticas y sociales, y avanzan en paz hacia el progreso. Es fundamental esa experiencia. Que se conozca la verdad de los desaparecidos. Que se conozca y se enseñe la verdad de la historia en los colegios y en un Museo de la Dictadura. Que funcione efectivamente la Fiscalía Especial que está congelada. Que se investigue dónde están los desaparecidos y se indemnice a todas las víctimas de la dictadura con los dineros expropiados a los dictadores, o del Estado.

Que se denuncie que los Tratados del Canal no cumplieron con lo expresado el 9 de Enero del 64 y que la ampliación del Canal exige perfeccionar esos Tratado. El PRD, para purificar su democracia, debe superar su pasado, y debería apoyar y contribuir a aclarar y limpiar su bandera del 11. El progreso y la paz necesitan de la JUSTICIA antes de doblar la página, para lograr un Panamá Mejor.

Cuente en Balboas.

*MÉDICO Y EX MINISTRO DE ESTADO.