El enfoque de los controles internos se basa en principios como la segregación de funciones, el autocontrol, la relación costo-beneficio, la eficacia, la confiabilidad y la adecuada documentación de los procesos. Como parte de la auditoría de controles internos, se evalúan la estructura organizativa, los procedimientos y las unidades de personal de la unidad ejecutora, así como la auditoría interna existente, con el fin de proteger los activos, garantizar la validez de la información y promover la eficiencia de las operaciones. Este proceso incluye controles administrativos y contables orientados a detectar riesgos de errores e irregularidades. De manera que los controles forman parte de los procedimientos administrativos y reflejan la actitud y el compromiso global de la administración pública. La importancia relativa radica en las acciones y sus efectos al administrar los intereses de la nación a través del gobierno, en el acto de gobernar y gobernarse, ya que debe prevalecer un buen orden en la administración pública.

Aprovechando el mes de la patria como marco simbólico, resulta pertinente plantear la ampliación de la Plaza de la Bandera, frente al Palacio Presidencial, con el objetivo de fortalecer los cimientos de los inmuebles y los activos del sector. Para ello, sería necesario realizar un relleno que permita construir un camellón desde la calle 9ª hasta la calle 3ª, en paralelo a la avenida Eloy Alfaro.

Desde el punto de vista técnico-legal, la auditoría administrativa se fundamenta en los métodos y procedimientos establecidos como normas de control interno gubernamental para la República de Panamá. La ausencia de fiscalización o la complicidad en irregularidades —esta última conformada por ocho (8) elementos— constituye un factor que da origen a la necesidad de iniciar de inmediato una auditoría administrativa como método de evaluación del uso de los recursos del Estado.

La auditoría administrativa tiene antecedentes históricos a nivel internacional desde 1935, cuando se sentaron sus bases. En Panamá, este enfoque fue reconocido en 1995, cuando la Contraloría General de la República admitió expresamente los cinco (5) recursos, según lo publicado en la Gaceta Oficial No. 23,946, al emitir el Decreto 214-DGA del 8 de octubre de 1999, cuyo marco conceptual se sustenta en la publicación de la Gaceta Oficial No. 22,783.

Esto constituye los elementos básicos de convicción como principio de legalidad, que permiten desarrollar adecuadamente, en cada entidad como organización pública, una auditoría administrativa con el objetivo de revisar y evaluar los controles internos a través de los servicios de la unidad ejecutora de Auditoría Interna. De modo que, para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, el monitoreo establece la evaluación y el control a cargo de las unidades de auditoría interna, responsables de medir y valorar la eficiencia y eficacia de los controles implementados. Este proceso se realiza mediante un análisis administrativo y sus cuatro planos de diagnóstico, ya sea analítico o sistemático, los cuales forman parte esencial de la auditoría administrativa. La ausencia de esta práctica en las entidades gubernamentales propicia el surgimiento y la proliferación de la corrupción.

La auditoría administrativa es el instrumento eficaz para combatir la corrupción, ya que el control interno gubernamental abarca cinco (5) áreas específicas, señaladas en las disposiciones legales.

La auditabilidad para el sector público requiere de fuerza de voluntad, porque es la herramienta fundamental del sistema integral de control y evaluación en la gestión pública.

*El autor es administrador público y contador público autorizado
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