Reformas constitucionales y otras novedades

De regreso a mi Panamá después de varias semanas fuera, he conocido sucesos que me han entristecido, decepcionado o desconcertado. Lo más triste fue el fallecimiento de Billy Ford, un ícono de la lucha civilista contra el régimen dictatorial, con quien tuve el privilegio de participar en una inspiradora campaña electoral liderada por Guillermo Endara. Lo más decepcionante fueron los bochinches esparcidos por los WikiLeaks, en sus versiones extranjeras y domésticas. Pero la novedad más significativa, desde el punto de vista de la vida nacional, es la propuesta de una reforma constitucional que me hace revivir mi primerísima experiencia como legisladora hace siete años. Esa experiencia no me fue satisfactoria.

Recordemos que, pasadas las elecciones de mayo del 2004 y habiéndose designado un nuevo presidente para el período pronto a iniciarse, tanto él como la presidenta saliente acordaron introducir modificaciones a la Constitución Política, mediante uno de los métodos permitidos: aprobación por los diputados cuyo quinquenio terminaba en agosto y posterior ratificación por quienes recién nos instalaríamos el mes siguiente. Con el consenso de las dirigencias de ambos partidos entonces mayoritarios —presidenta y secretario general, respectivamente, de sus partidos políticos— no resultó difícil lograr la mayoría de votos para el primer paso: aprobación legislativa de las reformas acordadas por ambos.

Luego correspondía el segundo paso: ratificación de las reformas aprobadas, pero sin cambiar ni un punto ni una coma, tomándolas o dejándolas en su totalidad sin ningún margen ni posibilidad de introducir modificación alguna, aún para precisar algún concepto no expresado con claridad. Podíamos hablar y discutir todo lo que quisiéramos, o lo que el reglamento nos permitiese, pero al final solo podíamos votar a favor o en contra, en su totalidad. Mi voto —y el de dos colegas más, si mal no recuerdo— fue en contra, no porque considerara que las reformas fuesen inconvenientes, sino porque, a n uestro juicio, se quedaron cortas y además no habían sido ampliamente consultadas.

Comprendo que mi voto en contra no tuviera ningún peso específico frente a una mayoría aplastante del partido entonces gobernante. Pero fue un voto con mi conciencia porque durante todo el debate me pregunté: ¿Cuál es el valor supremo de una Constitución? ¿Se merece el mayor de los respetos en su diseño y en su aplicación? ¿Se lo estábamos dando?

Me vino a la mente la experiencia que vivimos en la ciudad capital los días siguientes a la invasión de 1989. Saqueos desenfrenados a almacenes, tiendas, mercados y supermercados; desechos y basura esparcida por las calles; inseguridad personal creada por los CODEPADIS y batalloneros que aún merodeaban no solo en la capital sino en sectores del interior, sin fuerza pública que los detuviera; incendios incontrolados. En pocas palabras: caos generalizado. Y pensé que un desorden semejante es precisamente lo que debe evitar una buena Constitución, cuando todos nos ponemos de acuerdo para sentar las normas que permitan una existencia pacífica y decorosa, sin temores, con seguridad personal y jurídica, con posibilidades de progresar y de desarrollar nuestro potencial como seres humanos y de nuestras familias, en un Estado de Derecho y bajo un gobierno respetuoso de nuestros derechos.

Voté en contra aquella vez porque la eliminación de un cargo de vicepresidente de la República o de un legislador suplente, o fijar el inicio del período presidencial en julio en lugar de septiembre, pudieron ser retoques simpáticos, pero no iban al fondo de tantas aspiraciones del ciudadano panameño. También adolecían de algo supremamente importante: ausencia de consulta popular, de discusión a todos los niveles con todos los grupos interesados, de explicaciones y justificaciones, sin apuros, sin premuras, con transparencia y honestidad intelectual.

Los posteriores debates sobre la ampliación del Canal son un excelente modelo a seguir; le dieron la legitimidad requerida a la decisión que emanó del referéndum, porque en él participó todo el pueblo bien informado. Iguales debates y discusiones deberían ocurrir, sin apuros, para lograr una reforma total o parcial a la Constitución de todos los panameños presentes y futuros.

*EX DIPUTADA DE LA REPÚBLICA.