Los oscuros laberintos de la política cultural en Panamá

Los diarios locales vienen informando sobre algunas iniciativas administrativas del Instituto Nacional de Cultura para la modificación del ordenamiento jurídico que protege el Patrimonio Nacional. La voz oficial de la administración del INAC trae la voz talante y tengo la percepción de que dichas modificaciones, por las señales que envían a la sociedad, tienen como propósito flexibilizar las categorías de protección de los monumentos históricos y de los conjuntos monumentales. Como escribí hace unos días, la política cultural duerme en otro lado y parece que el sueño es profundo, sino una pesadilla de más, comprometedora.

Puedo interpretar que bajo el actual ordenamiento de protección que gozan el Casco Viejo y el Hospital Santo Tomás lo hace incompatible con las propuestas de proyectos que se abanican.

El Patrimonio Histórico vuelve a ser tema de discusión por la construcción de la tercera fase de la Cinta Costera y de la Torre Financiera. La solución vial que maneja el Ministerio de Obras Públicas para resolver el tema de conectividad en la ciudad de Panamá impactará notablemente y desde su condición sustantiva al Casco Viejo. El MOP presentó la alternativa por agua en el foro que fue convocado por la sociedad civil. A la ciudad de Panamá, primera ciudad en el Pacífico americano, le será construida una carretera costanera para eliminar de un tajo su categoría de Patrimonio Mundial. La construcción de una solución vial de carácter público sobre su entorno marino violentará la condición patrimonial declarada en sucesivas leyes que lo protegen.

La Torre Financiera, próxima y dentro del recinto del Hospital Santo Tomás, desconoce la condición patrimonial de su entorno inmediato, así como la función hospitalaria del recinto. La Torre Financiera propone el uso de los jardines del hospital, de uso colectivo y carácter patrimonial, así como la demolición del depósito nacional de vacunas, que tiene una función colectiva de carácter público y social para arrebatar y proponer un uso privado mediante una Torre Financiera.

Los personeros de la cultura interpretan que el escollo para avanzar, juntos haciendo un mejor Panamá, es caminar hacia el cambio de la modificación de la normativa protectora del Patrimonio Nacional, que es de interés público y social para trocarlo en otro de carácter privado.

Hablemos del proceso que se anuncia. Las modificaciones de la Ley de Conservación Patrimonial, luego de ser redactadas, serán presentadas a la Asamblea Nacional para su respectiva reglamentación. Lo que parece que no terminan de entender los responsables de la cultura en Panamá es que el tema patrimonial es un asunto de interés público y de alcance social, y por esa naturaleza merece una discusión pública, democrática y de amplia participación.

La custodia, conservación y uso del Patrimonio Cultural es una responsabilidad del Estado y debe responder a los intereses colectivos y no a intereses particulares. Lo patrimonial es de largo plazo y de compromiso generacional. Allí la sutil diferencia entre lo público y lo privado. Es por ello que el patrimonio está en manos de lo público y no de lo privado.

El proceso que anuncia la Institución no considera participación social, sino que la cubre de una imposición Ejecutiva avalada luego por el Órgano Legislativo. Esa es la metodología que se anuncia.

Coincido con voces de expertos en el tema y en la sociedad civil en que el tema patrimonial debe ser regulado, por ello en las modificaciones se deben incluir incentivos para promover la conservación del patrimonio y la participación ciudadana. De esta manera se fortalecen la Institucionalidad y los procesos democráticos. La acción que se anuncia debilita la misión institucional y socava las bases de esta sociedad.

Los recursos para la conservación de los monumentos históricos podrían provenir de la derivación del incremento de los valores del suelo urbano por inversiones estatales, por ejemplo, el Metro de Panamá. Los incrementos de los valores de las tierras por la construcción del metro en estación Justo Arosemena, cercana al Santo Tomás, podría declararse como pública y destinarse al mantenimiento del edificio y de sus jardines.

De los procesos que estamos viviendo se reitera la necesidad de convocar a foros de discusión técnica sobre la condición y futuro del Patrimonio Cultural panameño y de cómo debe insertarse en el engranaje económico para que se transforme en riqueza. Hacerlo de otra manera significa ‘formatear’ el disco duro social con una pérdida irreversible del recurso.

Se demanda reforzar los procesos de educación para concienciar al panameño de a pie, mediante la apertura de museos y actividades de divulgación sobre el patrimonio y la función social. Este es el compromiso que tenemos.

Considero que la Institucionalidad debe estar volcada a las tareas de discusión y función del patrimonio: educación y no imposición. No se trata de dar manotazos en la justificación para la construcción de proyectos de infraestructura vial y edificios en los predios monumentales mediante el cambio de las leyes que los protegen.

Urge una discusión amplia, técnica, democrática y participativa sobre el Patrimonio Cultural panameño, que debe ser convocada por la Institucionalidad responsable para recordar con gratitud y grandeza, más no con dolor y desprecio, el acto de gobernar por el pueblo y para el pueblo.

*HUBERT HUMPHREY FELLOWSHIP.