Explotar minas de cobre...

A ún cuando los hechos los desmienten, el presidente Martinelli y los voceros gubernamentales dicen no estar interesados en explotar la mina de Cerro Colorado. Desde que tomó posesión, el presidente anunció que explotaría la mina de Cerro Colorado. Igual hicieron el entonces ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, y el viceministro Ricardo Quijano, fuertes defensores de la actividad minera a cielo abierto.

Esto resultó en la Ley 8 y la confrontación con los grupos originarios en febrero del año pasado. El gobierno se comprometió a aprobar una ley que prohibiría la minería en la Comarca, así como la defensa de los recursos hídricos, cuestión que incluyeron los grupos indígenas, debido a su rechazo a las hidroeléctricas que se pretenden desarrollar en el área. El gobierno no cumplió y, por el contrario, intenta legalizar las concesiones vigentes, rechazadas por la dirigencia indígena.

Pero, ¿qué está detrás de todas las acciones del gobierno? ¿Por qué tal persistencia? ¿Por qué los engaños, al punto de no importarle la muerte de compatriotas? Intentamos responder estas interrogantes.

En verdad, la explotación de Cerro Colorado ha sido interés de todos los gobiernos, aunque ahora la supuesta oposición aparece como manso cordero. Pero, todo tiene su explicación. Los intereses económicos son poderosos, tanto de sectores internos como externos. Cuando el año pasado el gobierno tuvo que derogar la Ley 8, que modificaba el Código Minero, con pleno conocimiento de causa, no restituyó los artículos que previo a la Ley 8 estaban vigentes. Fue una acción fríamente calculada.

Entre los artículos derogados estuvo el que impedía la participación de gobiernos extranjeros en dichos proyectos, lo cual aprovechó INMET-Minera Panamá de Petaquilla para lograr, a finales de 2011, apoyo financiero del Banco de Exportación e Importación de Corea del Sur, a través del consorcio formado por Korea Resources y LS-Nikko Copper y Korea Export Insurance (KEIC).

También esto lo dijeron el ministro Henríquez y el presidente Martinelli, que la Ley 8 iba dirigida a favorecer a Minera Panamá, la subsidiaria de INMET. Los abogados se encargarán de precisar si tal gazapo es legal o no, pero estos son los hechos, dentro de un contexto en donde el Ejecutivo controla todos los órganos del Estado, la Asamblea de Diputados y el Órgano Judicial.

Aún cuando el gobierno del presidente Martinelli dice no estar interesado en explotar Cerro Colorado, la empresa canadiense Corriente Resources hace trabajos en el sitio con conocimiento del gobierno, aún cuando afirman que lo hacen ilegalmente. Corriente Resources, fue adquirida por empresas estatales chinas, la Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co. Ltd. y China Railway Construction Corp. Ltd.

En 1998 Richard Fifer como, presidente y representante legal de CODEMIN, firmó el contrato de concesión con Tiomin Resources, a través de sus subsidiara en Panacobre, S.A., la que posteriormente transfirió los derechos a la canadiense Aur Resources, en 2001. Esta, a su vez, fue adquirida por la también canadiense Teck Cominco, que estaba involucrada en el proyecto de oro, cobre, plata y molibdeno de Petaquilla, en el cual también Fifer tenía intereses.

Por su parte, en 2009, la empresa estatal China Investment Corp. invirtió $1,740 millones en la compra de acciones de la empresa Teck Cominco, ahora Teck Resources. En estas circunstancias, y estando en vigencia el contrato ley que le otorgó a Panacobre, S.A., la concesión del proyecto Cerro Colorado, Teck tendría este derecho ahora; y el gobierno de China también tendría intereses en el proyecto, a través de Teck y de Corriente Resources.

Los hechos nos orientan a afirmar que esto es lo que motiva al actual gobierno a imponer una Ley Minera que rechazan los pueblos originarios, pues, las concesiones otorgadas en el territorio comarcal de Cerro Chorcha, Guaribiara, Cerro Pelado, de Cerro Colorado, a través de Panacobre, S.A., entre otras, están vigentes y no pretenden cancelarlas.

Suponen que los compatriotas indígenas y demás panameños, somos tontos o estúpidos. Se equivocan. Nadie les cree y sabemos que han estado utilizando el poder para acrecentar sus riquezas personales y de los grupos económicos y políticos del país.

ECONOMISTA, PROFESOR DE LA UP Y MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO DE FRENADESO.