¿Quién es el culpable?

El país entero se ha visto convulsionado intensamente por las manifestaciones de los grupos de indígenas de la Comarca Ngäbe Buglé, que rechazan las concesiones mineras y de generación de energía hidráulica, dentro y fuera de los linderos de su competencia.

La falta de una dirección responsable de acudir y atender los postulados de esa etnia, ha permitido el crecimiento perjudicial e innecesario de las protestas, a las que se han sumado sectores laborales, educativos y hasta los transportistas, que por razones diferentes se vieron inmersos en un problema ajeno a sus actividades, pero con incidencia directa en el desarrollo de las mismas.

Los dirigentes indígenas, subsidiados o no, han mantenido representantes de su colectividad en los estrados de la Asamblea Nacional, donde la Comisión de Comercio ha sido incapaz de llegar a un acuerdo para aprobar el proyecto de Ley, que daría cumplimiento al Acuerdo de San Félix, el cual se dice pasó el primer debate.

Los informes de mayoría y minoría no han permitido someter al pleno la consideración del proyecto, pero a nivel nacional se han producido consecuencias de ese atraso, que se estimen en pérdidas millonarias, más el desprestigio y la propaganda negativa de miles de turistas y extranjeros que fueron afectados por la incapacidad gubernamental, la dilación de decisiones que debieron adoptarse para evitar los hechos acaecidos tardíamente

Algunos de los integrantes del equipo gubernamental han tenido que presentar su cara y soportar el escarnio y castigo verbal de políticos y dirigentes que, en iguales circunstancias, tampoco habrían podido superar los riesgos y que terminarían con soluciones idénticas y quizás con mayores atropellos, por su formación y tradición en hechos similares. Ahora la población procura encontrar un culpable, sin que se pueda señalar a nadie con nombre y apellido, por lo cual el dedo apunta hacia el Sr. Presidente, que pareciera se ha sustraído de la atención de este asunto.

El último Acuerdo para la terminación de este alzamiento, cuyos hechos están tipificados como delitos en el Título IX del Código Penal, con penas muy severas, entra en infracción con los deberes del Ministerio Público, que por Ley está obligado a investigar los delitos y perseguir sus autores, por lo cual, a mi juicio se debe iniciar la investigación, pues, de destruyeron dos agencias de la Policía Nacional, se causaron graves daños a la economía y se atentó contra la libertad del transporte, amén de la muerte que produjo que merece ser aclarada.

Ahora resulta que nadie es culpable del desastre económico causado, del impedimento a la libertad de transporte, del daño a la economía nacional, del financiamiento a los alzados, de la destrucción de bienes públicos, etc.

Hemos creado y tolerado la impunidad por falta de acción oportuna, pese a los daños causados acordamos la impunidad, sometemos al país entero al capricho de una etnia dispersa y beneficiaria de una red de oportunidades, en desmedro de otros grupos que trabajan, producen y se integran como nación sin exigencias. Frente a esta irrepetible situación, alguien debe ser culpable. ¿Quién es el culpable?

*ABOGADO