La soberanía de los medios

Un lector hizo llegar una carta al buzón electrónico de la defensora. En ella decía que le llamaba mucho la atención lo que él ve como una ‘pugna’ entre el Gobierno y los periodistas.

Por un lado, el Gobierno pide que en los medios de comunicación se publiquen las cosas buenas que hacen, además que dejen de publicar tantas noticias negativas; y por el otro, los periodistas que dicen que cumplen con su trabajo de informar los hechos.

La carta del lector no está alejada de la realidad. Es común escuchar a funcionarios reclamando espacios para sus noticias y no solo espacios, sino que sean los principales de los diarios, de los noticieros de radio y televisión. También es cierto que el trabajo de los periodistas es anunciar, denunciar, cubrir, descubrir y, más que todo eso, ‘preguntar’ y repreguntar.

Tengo que decirle al lector que no es malo que exista una ‘distancia’, pero ‘sana’ , entre gobernantes y periodistas, pues tienen misiones diferentes. Lo que sí es malo es que la población perciba constantes conflictos y, peor aún, que hayan faltas de respeto. Hay que tener claro que no son ‘contraparte’, sino que tienen objetivos diferentes.

La decisión de publicar los hechos responde a varios elementos, uno de ellos es puramente técnico periodístico y responde a la pregunta que tiene interés público y que no. Y baja este principio decide que publica. Eso por el lado de los periodistas.

Con respecto a los servidores públicos, un funcionario siempre será objeto de escrutinio y está en la obligación de rendir cuentas ante la sociedad. La ley dice que desde que una persona ocupa un puesto público está expuesta a la crítica, precisamente por estar en custodia de un bien público. Se hace la salvedad de que la persona tiene derecho a su intimidad, al igual que su familia, porque obviamente ésta no es la que ejerce las funciones públicas.

En consecuencia es una ‘obligación’ de los periodistas investigar a fondo los hechos que estén relacionados con los funcionarios en el ejercicio de sus deberes y eso no tiene que ser calificado como ‘malo’ e interesado, debe verse más como un control, que ayuda a fortalecer los principios democráticos.

Si ambas partes cumplen con sus funciones no debe haber pugnas, marchas, conflictos, sobresaltos, ni malos entendidos.

Aprovecho la inquietud del lector para hacer otras consideraciones que me parecen pertinentes y que tienen que ver con el deseo de los funcionarios de que los medios publiquen lo que ellos consideran sí es noticia. Me refiero a la ‘autonomía’ que tiene el medio para elegir qué publica, cómo publica, dónde publica y cuándo publica. Entendiendo que esa autonomía se tiene que ejercer con responsabilidad.

Tengo que dejar claro que si un medio no puede ejercer esa autonomía y permite presiones externas, pone en riesgo su independencia y su credibilidad.

La autonomía de la que hablo no significa ‘arrogancia’ ni falta de humildad para reconocer los errores, tiene que ver más bien con el servicio que se presta a la sociedad, la cual exige que el periodista lo realice con plena libertad; por ende, no se vale que se le exija en público que publique una u otra noticia.

El periodista costarricense Guido Fernández escribió una vez que la ‘soberanía del medio’ no es otra cosa que su independencia frente a toda clase de presiones. El periódico es autónomo e independiente para publicar, porque al fin y al cabo, lo que allí se maneja es un bien público de todos.

Sin embargo, la autonomía no quiere decir que el medio tiene un arma con la que puede atacar a las fuentes, personas, en fin, a la sociedad en general. La esencia del trabajo periodístico se debe enfocar en ‘el interés público’ y en lo que los lectores tienen derecho a saber.

Teniendo claro esa misión, no se debería percibir que existe una ‘pugna’ o un ‘conflicto’ entre quienes nos gobiernan y quienes nos informan, sino que cada quien hace su trabajo: uno administra un bien público y el otro es una empresa privada que ofrece un servicio público: informar.

DEFENSORA DEL LECTOR