Hacia un Congreso Nacional Panameño

En artículo anterior (‘Juicio al presidente Martinelli’, 17 de junio de 2012) propusimos que la Asamblea de Diputados, en uso de sus facultades constitucionales, lleve a cabo un juicio al presidente Martinelli. Sugerimos que se integre una Comisión contra el Crimen Organizado y su Incidencia en las Elecciones para luchar para que se aprueben las reformas electorales presentadas por la CNRE, a fin de evitar en lo posible la penetración de la maleantería en las elecciones.

En siguiente artículo (‘Ante las elecciones, el crimen organizado y el fraude’, 1 de julio de 2012), sugerimos que el próximo gobierno no puede ni debe ser presidido por partidos políticos, ya que éstos serían incapaces de atender las obligantes tareas de ordenar, reconstruir, sanear, restituir la estabilidad institucional y la gobernanza; de devolverle la fe al pueblo; en fin, de purificar el país, que ha colapsado bajo la actual administración.

Proponemos que sea un movimiento nacional organizado (y no un golpe de Estado) el que tome las riendas en 2014, reconduzca y reencauce constitucionalmente el país para posibilitar un Estado, una nueva Constitución, un patrimonio colectivo y una patria para nuestros hijos.

Pero los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, no están interesados en sentar al presidente en el banquillo para no tener que hacer lo propio con Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso y Martín Torrijos. Tampoco están dispuestos los partidos políticos a cerrar las puertas a las donaciones del crimen organizado ni del desorganizado; la partidocracia no está dispuesta a publicar la lista de sus donantes.

Un movimiento nacional pudiera organizarse bajo el paraguas de un Congreso Nacional Panameño, integrado por todos los gremios, estamentos sociales, campesinos e indígenas, etnias y pueblos originarios en su conjunto, seleccionados entre los panameños más capaces a lo largo y ancho del territorio nacional, para que representen y expresen la voluntad nacional, que no encuentra canalización a través de los ya agotados partidos políticos.

No es admisible que los partidos se nieguen a aceptar un tope a las campañas; que se nieguen a informar y divulgar los nombres de sus donantes; que no haya debate presidencial de ninguna clase en la campaña electoral; que la mayoría de la población, los pobres (indígenas o afrodescendientes, por ejemplo) no puedan postular a sus representantes; no es admisible que se legalicen los delitos electorales —los infinitos Bebederos que se beberán nuestra libertad—, en fin, no es posible que el dinero, y menos el dinero ilícito, sustituya y desplace a la soberanía popular. No es posible que haya individuos que sean simultáneamente diputados y representantes de corregimientos sin que nadie se sonroje.

Aún cuando comprendemos, porque no somos ilusos, que el crimen organizado no desaparecerá ni en ésta ni en la próxima campaña o década, ya que es como la coloradilla que siempre vuelve, tampoco podemos aceptar que éste se convierta en un legítimo estilo de vida, en un modus vivendi, en un modus operandi cotidiano, en un miembro invisible de nuestra familia.

Y no estamos sugiriendo la desaparición de los partidos, sino todo lo contrario: su permanencia en la vida nacional, pero reajustados, podados y afinados, para que no sean posibles el transfuguismo, la traición y el clientelismo; para que vulgares trogloditas, delincuentes y corruptos no sean llamados ‘Honorables Padres de la Patria’.

Para hacer posible este mínimo sueño, el movimiento, llámese Congreso Nacional Panameño, Movimiento Panamá Profundo o de otra forma, deberá proponer la disolución de la Asamblea de Diputados y de la Corte Suprema de Justicia como puntos iniciales de una hermosa agenda nacional.

DIPLOMÁTICO Y ESCRITOR.