¡Que prediquen con el ejemplo!

Los partidos PRD y Panameñista, con vehemencia que alabamos, alegan que una de sus principales razones para oponerse al proyecto de Ley 508, de reformas al Código Electoral, es que no incluye normas que aseguren la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, que impidan las contribuciones con dineros mal habidos o del narcotráfico.

El peligro de que las campañas electorales sean financiadas con dineros oscuro es real. Muy sonado fue el caso del presidente colombiano Eduardo Samper, acusado públicamente de haber recibido grandes cantidades de dinero de los narcotraficantes de su país. En nuestras campañas electorales más recientes también han existido denuncias por parecidos motivos. Y, hace solo unos días, el ministro de Seguridad, sin ser específico, como hubiera sido deseable, alertaba contra la penetración de dinero del narcotráfico en las próximas elecciones.

Es un anhelo compartido que nuestras campañas electorales sean blindadas contra la infiltración de dinero sucio. Por ello, la preocupación del PRD y los panameñistas era y sigue siendo legítima y la apoyamos sin reservas. Y los diputados deben hacerse eco de la preocupación ciudadana e incluir en las reformas que considera la Asamblea normas que impidan las donaciones de dineros mal habidos o de oscuro origen, especialmente si puede existir la sospecha de que tienen vínculos con el narcotráfico.

En Panamá, los partidos políticos se benefician de subsidios con fondos públicos que, para el próximo torneo, podrían ser superiores a los B/.60 millones y que en cualquier otro país se considerarían escandalosos e inmorales. Para que no sorprenda la cifra anterior o se estime exagerada, téngase en cuenta que el subsidio, por disponerlo el Artículo 180 del Código Electoral, será ‘equivalente al 1 % de los ingresos corrientes presupuestados para el gobierno central’. Los ingresos corrientes para el 2013, superarán los 6,500 millones y el 1% equivale a 65 millones. Y cada año, por tener una base porcentual, crecerá en la medida que crecen los ingresos corrientes del gobierno central.

Además, y esto es aún más escandaloso, al haber disminuido los partidos, de 8 a 5, pero no el monto del subsidio, la tajada de cada uno aumentará, por ser menos los beneficiados.

Con semejantes ventajas, las normas sobre transparencia debieran estipular que los partidos y candidatos tuvieran que escoger entre recibir subsidios con fondos públicos o financiar ellos sus campañas; pero prohibir que reciban ambos. También debiera estipularse, si se mantienen los subsidios con dinero público una reducción sustancial y que el derecho a recibirlo esté condicionado a que los partidos y candidatos se comprometan a divulgar, hasta el centésimo, las contribuciones de fuentes privadas; bajo pena a los reticentes o a los que proporcionen información falsa o amañada, de perder el derecho al subsidio oficial.

No tengo muchas esperanzas de que los diputados, que en el pasado no han demostrado interés porque se conozcan y divulguen las contribuciones privadas, ahora, de la noche a la mañana, se arropen con mantos de pureza y nos sorprendan atacando el problema en sus raíces. Cuesta asimilar que una súbita metamorfosis haya transformado a los voceros de la oposición en paladines defensores de la transparencia de las campañas electorales; pero, asumamos, por un momento, que su motivación es sincera. Si ese fuera el caso, en ellos está demostrarlo. Por eso, para que respondan al anhelo de la ciudadanía, del que dicen hacerse eco, propongo a los ahora portaestandartes de las demandas de transparencia, que superen la retórica y prediquen con el ejemplo.

Concretamente propongo que todos los candidatos, encabezados en primerísimo lugar por los líderes de la oposición, se comprometan públicamente a divulgar, sin subterfugios ni amañamientos, de dónde han provenido y provendrán las contribuciones con las que financian y financiarán sus campañas. Esa, que sería una prueba de su sinceridad, sería más efectiva y no tendría que esperar por la aprobación de ninguna norma al respecto. Su declaración, que sería histórica, sentaría un ejemplo obligante para los otros candidatos. Si lo hicieran, su credibilidad aumentaría exponencialmente. Si no, tendremos que pensar que sus declaraciones principistas solo fueron para consumo mediático.

ABOGADO, POLÍTICO INDEPENDIENTE.