A Ud. Presidente: IA agéntica, la próxima etapa que Panamá puede anticipar

La inteligencia artificial avanza hacia una mayor autonomía operativa. En Panamá el debate recién comienza: hay infraestructura, adopción tecnológica y discusiones en curso, pero aún resta definir cómo ordenar esta transición y como pasar al frente.

Cuando un panameño interactúa con un chatbot del Estado, rara vez piensa en inteligencia artificial (IA). Hace una consulta, responde algunas preguntas y recibe una indicación. Detrás de este circuito, sin embargo, hay sistemas que clasifican información, priorizan casos y activan acciones sin una intervención humana directa. Eso es, en términos simples, lo que hoy se empieza a llamar IA agéntica o “agentes de inteligencia artificial”.

Panamá tuvo contacto con este tipo de soluciones. Durante la pandemia, asistentes virtuales como la Dra. ROSA o el Dr. NICO organizaron consultas sanitarias, realizaron procesos automatizados y notificaron resultados. Aquella experiencia suele recordarse como una respuesta excepcional a una crisis. Pero también dejó un aprendizaje más duradero: el Estado puede delegar tareas específicas a sistemas inteligentes cuando los procesos están bien definidos y los datos disponibles.

Esta lección no quedó circunscripta al área de salud solamente. En los últimos años, el país avanzó en el uso de la IA para el análisis de información territorial y ambiental. El Centro Regional CopernicusLAC, desarrollado en cooperación con la Agencia Espacial Europea, procesa datos satelitales mediante algoritmos que permiten monitorear el territorio, anticipar riesgos climáticos y apoyar la gestión de desastres. En este caso, el “agente” no conversa con personas, pero influye de manera directa en cómo el Estado observa y actúa sobre la realidad. Estos ejemplos ayudan a correr la discusión de un lugar habitual: la IA como promesa futura o como simple herramienta administrativa. Los agentes de IA no sólo informan: ejecutan, derivan casos, ordenan prioridades y ponen en marcha procedimientos.

En la administración pública eso tiene efectos organizacionales y políticos que exceden la dimensión técnica. En este sentido, Panamá parece contar con condiciones favorables para avanzar en esta etapa. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025 de la CEPAL, el país se ubica en una posición intermedia dentro de la región, con buenos niveles de infraestructura digital y una adopción extendida de herramientas de IA generativa. Así, el índice ofrece una radiografía con un punto de partida desde el cual estos sistemas pueden (y deben) expandirse.

En ese marco, Panamá todavía se mueve en un terreno previo a una estrategia nacional de IA propiamente dicha. Desde la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y otros ámbitos se han promovido debates y espacios de reflexión sobre el tema, pero sin una hoja de ruta definida. El punto a resolver no es solo si el país tendrá una estrategia, sino qué tipo de acuerdos institucionales y capacidades públicas se necesitan para orientar decisiones concretas sobre automatización y control.

Por otro lado, delegar tareas a agentes inteligentes obliga a revisar cómo se diseñan los procesos públicos. ¿Quién define las reglas con las que un sistema clasifica o prioriza? ¿Cómo se audita una decisión automatizada? ¿Con qué arquitectura normativa? ¿Qué margen queda para la intervención humana cuando algo no encaja? Estas preguntas no se responden con más tecnología, sino con capacidades estatales, normas claras y debate público.

Existe además un riesgo menos visible: confundir automatización con mejora. Un Estado puede volverse más “tecnológico” sin volverse necesariamente mejor. La experiencia muestra que la IA puede integrarse a la gestión cuando hay objetivos claros y datos confiables. También muestra que, sin un marco común, la adopción tiende a fragmentarse en proyectos aislados.

La IA agéntica ya opera en Panamá, aunque no siempre se la nombre así. El debate que se abre no es si estos sistemas van a expandirse, sino cómo hacerlo sin vaciar de criterio a la administración pública. En última instancia, la pregunta no es tecnológica sino política: ¿cuánto estamos dispuestos a delegar? y ¿qué cosas? Incluso en un Estado cada vez más digital, no se puede prescindir de la inteligencia humana.