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28 de May de 2020

Redacción Digital La Estrella

Opinión

ZLC: tierra, se vende tierra

S egún los economistas los presupuestos constituyen una relación de gastos e ingresos, buscan además el uso eficiente y racional de los ...

S egún los economistas los presupuestos constituyen una relación de gastos e ingresos, buscan además el uso eficiente y racional de los recursos de los cuales dispone el Estado. En el caso panameño, de histórico se catalogó el presupuesto del 2012 (a mediados del mismo año estalla el ‘hueco fiscal’, más de 4450 millones de déficit presupuestario), los mismos bombos se utilizan para divulgar el del 2013 que asciende a $16284 millones; sin embargo, el panameño de a pie se pregunta a dónde van a parar tantos millones, si las demandas sociales no son atendidas.

Esto significa, que el gran hueco fiscal es producto de los pagos adelantados a los contratistas de los megaproyectos, los sobrecostos, el adelanto de la campaña politiquera con miras al 2014, los constantes viajes, gastos suntuarios; es decir, la corrupción galopante que priva en el gobierno.

Para sufragar los gastos acude a la venta de la patria ‘vendiendo esto y aquello’: terrenos de la ZLC, privatización del IDAAN, venta del 49% de las acciones en Cable & Wireless y las acciones en las empresas generadoras y distribuidoras de energía.

En esta lógica, en la Asamblea Nacional se encuentra el Proyecto de Ley 529, que pretende ajustar el marco jurídico que regula la Zona Libre de Colón (ZLC), que entre otras modificaciones incorpora la posibilidad de titular las propiedades a los usuarios (venta de las tierras de la ZLC), lo que resulta inconstitucional según juristas.

Los terrenos de la ZLC generan alrededor de $27 millones al año en concepto de alquiler, que resulta de una renta aproximada de B/.1.40 por metro cuadrado, cifra irrespetuosa ante la pobreza y demandas insatisfechas que viven los colonenses. Con el proyecto los empresarios tendrán las siguientes opciones: comprar las tierras; sellar una promesa de compraventa (paga el 10% sobre el avalúo que se entrega y cinco años para pagar la propiedad, mientras tanto se le mantiene la misma renta de B/. 1.40 el metro cuadrado); mantenerse en el estatus actual, con un aumento de hasta el 10% anual en el alquiler (el aumento sería de 0.14 centavos, es decir pagaría mensualmente B/. 1.54 por metro cuadrado).

El proyecto sigue favoreciendo los intereses de los empresarios, así el primer avalúo encargado por el MEF, valoró las tierras entre $400 y $1925 el metro cuadrado; en negociaciones con los usuarios, el Gobierno aceptó bajar el precio del metro cuadrado a $350 y $100 el metro cuadrado.

Según la exposición de motivos, se destinarán los recursos provenientes de la venta a obras sociales a través del programa ‘Impulsa Colón’ (25% de los ingresos que reciba el Estado producto de la disposición de los bienes inmuebles, serán destinados directamente a obras de interés social para la provincia de Colón). Según cálculos de los propios empresarios, ello representa alrededor de $3 millones al año, cifra irrisoria ante la danza de millones y la precariedad de las condiciones de vida de los colonenses, y sobre la cual no existe garantía de que sea entregada para este propósito.

La venta de la patria, la cual ha estado envuelta en denuncias por grandes negociados, no se limita a la ZLC, también involucra las áreas revertidas. Así, durante los primeros cinco meses de este año, las arcas del Gobierno captaron $6.3 millones por ventas de las propiedades del área revertida del Pacífico y Atlántico; entre agosto, septiembre y octubre de 2012, las ventas giran alrededor de $119.8 millones; adicional, hay otras 1800 hectáreas (Pacífico y Atlántico) que pretenden ser subastadas.

Como se ve, la danza de millones continúa, sin embargo no están dirigidos a solucionar los problemas de salud, educación, vivienda del pueblo trabajador, los mismos están dirigidos a financiar el gasto suntuario de la jerarquía gubernamental y engrosar las arcas personales de las empresas de los gobernantes y sus allegados.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.