Planificación concertada vinculante, clave para el desarrollo

En Panamá, la democracia como la entendemos y la practicamos transita por ciclos político-electorales de cinco años. Cada gobierno que asume el poder debe presentar su plan estratégico quinquenal (Ley 34/2008) que en teoría debe ser coherente con su propuesta electoral, pero en definitiva termina siendo indicativo, ni siquiera mandatorio. Siendo así, las políticas públicas y hasta los proyectos de inversión iniciados en administraciones anteriores puede ser descartados sin responsabilidades para quienes así lo deciden y con impactos económicos y sociales considerables. En definitiva, sin un proyecto de desarrollo nacional con planes definidos, el modelo de gobernabilidad que tenemos nos lleva como hoja al viento, a través del ensayo, el error y la improvisación cada quinquenio, con la pérdida de recursos, tiempo y oportunidades que se traduce en inconformidad y frustración constante de la población que ve insatisfecha sus necesidades más elementales.

Para alcanzar el anhelado desarrollo, el país requiere tener una visión general de su futuro y una planificación rigurosa formulada con criterios tecno políticos que se ejecute con independencia del signo político que gobierne. Desde la democracia participativa el único modo de lograrlo es a través de la concertación social, de manera que el reto que tenemos es diseñar y ejecutar mecanismos participativos amplios con suficiente legitimidad que permitan escuchar todas las voces, cuya síntesis nos ofrezca la visión colectiva y permita trazar el plan de desarrollo nacional.

El Instituto de Planificación para el Desarrollo (Decreto Ejecutivo N° 6 de enero de 2022) puede erigirse como el ente técnico que elabore los planes quinquenales de desarrollo que encajen con la visión de largo plazo. No obstante, es preferible que cuente con una ley orgánica que le atribuya autonomía e independencia del Órgano Ejecutivo, con un equipo profesional seleccionado por concurso y una junta directiva que le de confiabilidad y sostenibilidad para esa delicada tarea.

Por su parte, el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo (Ley 20/2008) fue un buen ejercicio colectivo para acuerdos coyunturales pero insuficiente para los estructurales y su gobernanza con el tiempo perdió legitimidad y reconocimiento social. Sin embargo, sigue siendo un ente valioso por su composición multisectorial de organizaciones representativas de la sociedad y del gobierno que bien valdría rescatar pero con un nuevo diseño que, además de las representaciones sectoriales, incluya a las territoriales, de modo que sirva como legitimador social de un plan de desarrollo nacional construido de forma colectiva con el sustento técnico que le proporcione el Instituto de Planificación para el Desarrollo.

Nuestras experiencias en diálogos sociales y políticos constituyen una fortaleza digna de ser aprovechada de mejor manera. Solo a modo de ejemplo basta mencionar los diálogos de Bambito y de Coronado, ambos fundamentales en la transición a la democracia y más reciente el diálogo por la educación que derivó en la creación del Consejo Permanente Multisectorial para Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (COPEME) (Ley 59/2018).

A su vez, el Pacto por el Bicentenario Cerrando Brechas (2020-2021) con el apoyo del PNUD y mediante el uso de plataformas digitales alcanzó una participación ciudadana sin precedentes (legitimidad desde abajo), permitiendo a miles de panameños incluso de áreas rurales y comarcas enviar propuestas que se incorporaron. Este esfuerzo colectivo se percibe como una iniciativa contemporánea robusta, señal de buena gobernanza en el país, especialmente en el contexto de la planificación concertada que podría fortalecer la tarea del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.

En definitiva, luego de varios ejercicios de concertación social exitosos, aunque de manera acotada a temas específicos, hace falta dar un paso más hacia una planificación concertada y vinculante (aprobada por Ley) que defina la visión, los objetivos, la asignación de recursos, la ejecución de planes con metas claras, indicadores precisos y la evaluación de resultados e impactos, que derive de un proceso de diálogo social con fundamento técnico. Es tiempo de privilegiar un enfoque de largo plazo que busque maximizar el beneficio social y económico sostenible, en lugar de los consabidos retornos políticos cortoplacistas que van de la mano con los ciclos electorales.

El Canal de Panamá con su visión y misión institucional, planifica a largo plazo y los resultados de ese ejercicio saltan a la vista. El país también requiere planificar, el reto es hacerlo entre todos, comprometernos con los objetivos y con las metas, como lo hicimos antes de que el Canal revirtiera a Panamá, dándole una gobernanza que lo ha blindado de los matices políticos que han caracterizado a los distintos gobiernos y ha permitido su crecimiento exponencial y ser uno de los motores que impulsa el desarrollo nacional.