Legislando contra el pueblo

Nicolás Maquiavelo recomendaba en su obra El Príncipe, gobernar para que el pueblo amara y temiera al rey, pero preferiblemente que le temieran. Algunas caricaturas de gobernantes que pululan por nuestras regiones han asumido que ese temor debe imponerse y se han estrellado, porque no estamos en el siglo XVII.

Hoy, para gobernar se necesita confianza y credibilidad del pueblo, rendirle cuentas, consultarlo, respetarlo (no burlarse), porque los tiempos de Maquiavelo eran los tiempos mesiánicos, donde el Príncipe era el interlocutor de Dios según la plebe; luego vino lo que Pedro Rivera denomina el ‘pacto de villanos’, en donde el pueblo no hace más que elegir cada cierto tiempo a los gobernantes, a cambio de alguna prebenda efímera, sin participación alguna en el quehacer estatal. Hoy no es así.

Eduardo García Maynes indica que la ley debe ser legitimada a partir de tres elementos conjugados para que sea eficaz. Es decir, acatada por la sociedad: Primero la existencia de una autoridad que legisle, con facultad de producir la ley y que todos le reconozcan esa facultad; en segundo lugar que la ley en sí contenga la realización del fin de la justicia, que es el bien común. O sea, que no conculque los derechos naturales y humanos de los ciudadanos o que al menos defienda los de la mayoría, y en tercer lugar, que la sociedad avale la norma expresada. Es decir, que se sienta comprometida con su contenido, a partir de su pertinencia social o sea, la conciencia de que la misma es necesaria. Al faltar alguno de estos elementos, la ley es ineficaz y hay quienes sugieren incluso que ello justifica la insubordinación contra la misma.

Nuestra Asamblea viene asumiendo leyes de manera caprichosa, en donde el 100% de los ciudadanos y organizaciones que opinan sobre las mismas lo hacen en forma negativa, pero nuestros diputados, haciendo mayoría comprada de un partido político, aprueban a tambor batiente cualquier cosa que se les ordene desde la Presidencia de la República (desde 1983), aún si va en contra de sus propios intereses.

Nadie en su sano juicio por ejemplo, habiendo sido electo por el llamado voto plancha, aprobaría su eliminatoria, ni aprobaría la venta de los terrenos de Zona Libre, rechazado por la Concertación Nacional y toda la sociedad.

Nuestros diputados no entienden que al aprobar leyes contra el querer del pueblo como la Ley 30 de 2010; reformas al Código Minero, Ley de las Hidroeléctricas; la Sala Quinta; la venta de las acciones en empresas mixtas; las agencias público-privadas y recientemente la Ley 72 para vender terrenos de Zona Libre; negando el resultado de las consultas, legislando custodiados por la policía por temor a que el pueblo que los eligió los ataque, etc., están cavando su tumba política, pues los electores no olvidaremos esas imposiciones, aunque algunos, como un tristemente célebre autodenominado animal, digan que al pueblo no le interesan cuáles leyes aprueba el diputado, sino cuánta comida les consigue, como si estuviéramos en los tiempos de la edad media. Ellos llorarán en el cementerio del olvido, su derrota.

*ABOGADO.