Cuarta masacre: violentados los DD.HH.

El gobierno de Ricardo Martinelli en su cuarta masacre al pueblo panameño. Primero en Bocas del Toro, pueblo que en las calles rechazaba la imposición de la Ley 30 (chorizo); le siguen las dos masacres al pueblo Ngäbe Buglé quien defendía el derecho a un ambiente sano (contra los proyectos hidroeléctricos y mineros) y el respeto a su tierra; hoy se masacra a Colón, pueblo que de manera digna lucha por el respeto del patrimonio nacional, ante una Ley 72, que pretende la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón.

El pueblo desarmado ha sido atropellado no solo con gases lacrimógenos y perdigones que se lanzan contra manifestantes y a comunidades, sino también por el uso de armas de reglamento y de grueso calibre, disparos desde helicópteros, persecución selectiva contra los luchadores sociales, se allanan residencias y dictan órdenes de capturas a dirigentes violando las normativas legales, y se utilizan pertrechos militares. Es decir, un proceso de remilitarización que promueve el terrorismo de Estado.

En todos estos casos han estado involucradas tropas del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), grupo élite entrenado en combate, cuya única confrontación ha sido contra el pueblo panameño, donde hace despliegue del uso de armamentos de guerra. Sin duda, el entrenamiento recibido por SENAFRONT y Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) fundamentalmente provienen de EE.UU., entre otros, a través de las maniobras Panamax, que en el 2010 se realizaron bajo el supuesto escenario ‘de que al gobierno de Martinelli lo pretende derrocar un movimiento indígena y campesino ‘terrorista’, que intenta dar un golpe de Estado’, lo que llamó la atención, por los hechos dramáticos de Bocas del Toro, donde indígenas fueron masacrado por la Policía Nacional. Frente a ello, la pregunta obligada: ¿Qué hace un ejército combatiendo una población desarmada?

El resultado de estas masacres, cientos de panameños detenidos sin que se les garantice el debido proceso; cientos de heridos, de los cuales algunos sufren lesiones de por vida; las cuatro masacres suman más de una decena de muertos, incluyendo menores de edad. Es todo un atentado a la vida, son crímenes de lesa humanidad. Se trata de todo un estado de represión que violenta a todas luces los derechos humanos de la población.

Para ello han incrementado el presupuesto del Ministerio de Seguridad, se le otorga impunidad a miembros de la policía que cometen abuso policial, se les han otorgado cuatro aumentos de salarios bajo esta administración, muy diferente a lo que ocurre con el resto de los servidores públicos que han demandado aumento general de salario.

En medio del baño de sangre, una vez más de viaje, en Japón, Martinelli se presentó ante los empresarios nipones como ‘un hombre de negocios’, exaltando el crecimiento del país en los últimos años y vendiendo los atributos de la Zona Libre de Colón, ocultando que más del 40% de los colonenses viven en pobreza y el estado de sitio y masacre que se escenificaba en Colón. Sin duda toda una conducta cínica, de agresión e irrespeto a la dignidad del pueblo panameño.

¿Por qué se reprimen salvajemente las acciones de lucha en las calles? ¿A qué le temen los gobernantes? Sin lugar a dudas, se trata del miedo a la verdad, a la contundencia de nuestros argumentos, al verse cara a cara con los sectores populares, los sectores olvidados y oprimidos, la verdadera oposición.

En este contexto, cobra hoy más vigencia que nunca el llamado a construir poder popular, organizar, fortalecer las capacidades de lucha de los sectores populares y crear las condiciones para la auto-convocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria que funda una nueva república de bienestar para todos. Ello incluye intensificar el proceso de inscripción del Frente Amplio por la Democracia (FAD) como alternativa política electoral real del pueblo panameño.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.