Tutela de la libertad

La libertad como derecho fundamental no tiene una protección real en nuestro sistema de justicia. A esta conclusión se debe arribar cuando uno estudia o utiliza las acciones legales para que se defina la legalidad de la detención preventiva o de una orden de conducción que encubre la verdadera finalidad de arraigar a la persona sin protección de la acción de Habeas Corpus.

Muchas son las causas de esta realidad. Pero en resumen un listado breve, pudiera comenzar por la falta de responsabilidad de las autoridades que emiten una orden evidentemente ilegal. No se recuerda fácilmente la destitución o sanción a un fiscal o funcionario policial por detener ilegalmente a una persona.

En el año 2009, ya superadas realidades históricas, tuvimos la vivencia de una orden de detención verbal, que al recurrir la Corte Suprema en Pleno evitó entrar a considerarla y dar la salida de sustituir la detención por medidas cautelares. Ni en un régimen militar vivimos eso, siempre decían ‘no está detenido’, ‘está aprehendido’ y hacían que los defensores regresaran dentro de las 24 horas siguientes. Muchas veces recuerdo las vueltas que nos hacían dar, con base a esa pueril excusa que encubría una detención. Pero nunca un agente de la Policía se atrevió a admitir esa detención. Tuve la amarga experiencia de haber sido testigo impotente de una detención verbalmente ordenada en medio de una indagatoria y sufrí la impotencia de que el Tribunal no se pronunció sobre este gravísimo hecho.

Con la aparición de la sustitución de la detención por medidas cautelares, la Corte Suprema y los distintos tribunales han hecho flexible la dura situación que enfrenta una detención; sin embargo, esta atemperación ha producido un mayor problema, es mucho más inusual que se declare ILEGAL una orden.

Pero estas falencias del sistema cobran su mayor angustia en la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Lo que debe ser ejemplo, se ha convertido en patrocinio de la falta de protección constitucional. Comencemos con la sola presentación, lo que antes se hacía de inmediato y cualquier día, ahora se somete a un reparte que ha demorado hasta doce días luego de su presentación. Cuando antes se aplicaba en estricto sentido la inexistencia de impedimentos, ahora resultan comunes, mucho más en casos que son calificados de alto perfil. La firma de cualquier resolución conlleva semanas, pese a la reglamentación que el propio Pleno de la Corte emitió hace varios años. O el fenómeno surreal de que luego de dos meses ni siquiera se tenga un ponente y por ello ni se libre el mandamiento de Habeas Corpus.

Este aberrante escenario nos ha llevado a vivir que se haya conocido de Habeas Corpus contra propios magistrados de la Corte Suprema, lo que quizás la historia conoció cuando se ordenó la detención por desacato contra algún abogado en la década de los noventa.

¿Qué produce estos elementos? ¿Que un Habeas Corpus demore más de un año para su decisión, o que demore ocho meses para su firma?

Cuando algunos teóricos, que rayan en lo que pudiéramos calificar de ‘hipocresía intelectual’, han logrado hacer venerar por los medios un sistema acusatorio para agilizar los procesos, el calvario de la no protección del derecho fundamental a la libertad hace que vivamos en el infierno de la injusticia. Más aún, los intereses atacan al abogado litigante por agotar todos los recursos frente a situaciones injustas e ilegales.

No quiero expandir esta opinión a considerar la injerencia política en los instrumentos legislativos, que conllevó a que un Recurso de Inconstitucionalidad demorara diez años en ser resuelto y que un magistrado que entró a ser su ponente recién fue nombrado, terminó su periodo y nunca salió una sentencia.

El estigma peyorativo, justo o injusto, contra la implementación de la Sala Quinta ha provocado, por estas intromisiones políticas, la total desprotección. Pero como los factores reales de poder, cuando están en su ejercicio, creen estar por encima de la Ley, nunca piensan en que se fortalezca el sistema. Ojalá comencemos por dar el ejemplo.

*ABOGADO.